MARGARITO ESCUDERO LUIS
Coatzacoalcos
José Antonio Pérez Andrade, Martín Huerta Tisareño, Guillermo Castellanos Rocha, Carolina Tinoco Andrade y Liliana Arrioja Lima, fueron denunciados penalmente por los vecinos del condominio Paraíso, señalándolos de haberse apropiado de la administración sin el acuerdo de todos los condóminos.
Los vecinos denunciantes se abstuvieron de dar sus nombres ante el temor de posibles represalias, ya que Arrioja Lima se dice influyente por ser funcionaria de un juzgado Federal.
Denunciaron el abuso del que son objeto por parte de este grupo de personas que se autodenominan administradores del lugar y, quienes de forma arbitraria instalaron una caseta de vigilancia desde la cual, los vigilantes vejan a quienes tienen necesidad de pasar por ahí.
Aseguran que presentaron formal querella ante la autoridad judicial, para que se proceda legalmente en contra de estas personas que están usurpando una función que corresponde al constructor fraccionador.
Dijeron que antes de instalar una caseta y plumas de acceso al fraccionamiento, en el sitio se instalaron guardias de seguridad de la compañía “Servicios Integrales de Protección y Seguridad Privada”, contratados por Liliana Arrioja Lima.
Los quejosos, que no se prestaron al juego de los autodenominados administradores del fraccionamiento, se les ha impedido el paso de entrada hacia sus domicilios, con la intención de obligarlos a pagar el derecho de piso.
Dijeron que esa acción emula la actuación de la delincuencia organizada y han salido perjudicados en varios aspectos, porque incluso, esas personas dan instrucciones a los encargados de recolectar la basura, que es un servicio municipal, para que no se levante la basura de aquellas casas que no exhiban en su fachada una calcomanía en especial.
De igual forma restringen el paso a familiares y amigos que llegan de visita y les obligan a abrir las cajuelas de sus automóviles y mostrar el contenido de las bolsas que portan.
Sin embargo, se les permite libremente la entrada a los llamados “moto tortilleros” y otro tipo de vendedores ambulantes, tal vez por algún parentesco, comentaron.
Abundaron en que este grupo de personas hacen campaña al interior del fraccionamiento, con el fin de atemorizar a los habitantes con el argumento de los altos índices de delincuencia que prevalecen en la ciudad.
Dijeron estar conscientes de la inseguridad, de robos, asaltos y extorsiones, pero eso no les da derecho a querer hacer justicia por mano propia, amenazarlos u obligarlos a pagar algo que no han contratado, mucho menos porque nadie las ha dado la facultad de erigirse en administradores, ya que existe un procedimiento legal para ellos, en el que participan todos los habitantes del fraccionamiento, en una asamblea legalmente constituida.
Reiteraron que ese servicio de vigilancia es ilegal, pues nadie de quienes ahí viven, dieron su consentimiento, por lo que las cuotas que exigen son igualmente ilegales y caen en el terreno de la extorsión.
Ante esta situación, los inconformes piden la protección de la justicia y ya presentaron su formal denuncia ante las autoridades correspondientes.
