AGENCIA/AVC
Xalapa
Al deslindarse de las empresas fantasma, el secretario de Desarrollo Social de Veracruz, Alfredo Ferrari Saavedra, afirmó que él no sabía nada del desvío de fondos públicos.
Aseguro que colabora en la investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de la República (PGR) y comentó que en el caso de las denuncias que presentó el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) no ha sido llamado de parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) para declarar al respecto.
El funcionario recordó que la creación de las empresas se dio en el año 2012 y operaron hasta el 2014, mientras que él asumió la titularidad en octubre del 2015.
Al ser cuestionado sobre si ha sido llamado por la PGR para ofrecer información sobre el caso, descartó el hecho: “No he sido requerido y no estoy enterado que alguno de mis compañeros de trabajo hayan sido requeridos”.
Dijo que en el último año no se han detectado contratos en beneficio de empresas que no cuentan con un domicilio fiscal y señaló que la dependencia no podría hacer nada para detectarlas, pues determinar si una empresa está constituida legalmente le corresponde al SAT.
“Sobre la pregunta si hemos encontrado empresas fantasma en mi gestión, no es competencia de una secretaría o de una dependencia determinar porque pasa por un entramado jurídico que rebasa lo que tengo a mi cargo”, dijo.
De manera reiterada, los legisladores locales recordaron que en 2013 la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a cargo de Alberto Silva Ramos, y como subsecretario el actual diputado Vicente Benítez González, firmó 45 contratos con empresas fantasma por un monto de 243 millones 766 mil 548 pesos.
Los contratos se entregaron vía licitaciones simplificadas, un mecanismo legal que establece que deben participar tres empresas en una competencia, pero son seleccionadas por los funcionarios.
Se mencionó que el pasado 10 de noviembre, el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz presentó una denuncia contra la Secretaría de Desarrollo Social estatal por un presunto daño patrimonial por poco más de 431 millones de pesos, a través de las empresas fantasma.
En ese sentido, señaló que la FGR no lo han citado a personal de la Sedesol, por lo que el legislador Rodrigo García, expresó: “Me da mala espina que no los hayan llamado”.
En lo que respecta al daño patrimonial detectado por el Orfis, por 431 millones de pesos, aseguró que están en proceso de solventación y se dijo confiado de que se justificará el gasto.
Evadió responder si no se aplicaron correctamente ocho de cada 10 pesos destinados a desarrollo social, como lo afirmó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
