El INAI anunció que presentará una controversia constitucional ante la Corte en contra del decreto de AMLO que blinda sus obras y proyectos.
El Universal
CIUDAD DE MÉXICO
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) prepara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Acuerdo por el que los proyectos y obras de infraestructura del Gobierno de México son considerados de interés público y seguridad nacional.
Las y los consejeros analizaron este martes los alcances del Acuerdo, y determinaron interponer la querella, con el fin de "evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo".
Advirtieron una posible transgresión al artículo sexto de la Constitución, el cual señala que "toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión", así como que "el derecho a la información será garantizado por el Estado".
AMLO JUSTIFICA DECRETO
El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó que el acuerdo para que las obras insignia de su administración sean un asunto de "seguridad nacional" es para agilizar trámites entre las dependencias con el objeto de concluir en tiempo y forma y que sus adversarios no puedan detenerlas vía el amparo.
Aseguró que no tiene que ver con la transparencia porque su gobierno está comprometido con la rendición de cuentas.
"Es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya, para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos.
"Que se les dé también tiempo para presentar toda la documentación en el entendido de que las empresas, las dependencias del gobierno federal están regidas por principios de protección al medio ambiente, de justicia, de honestidad y que se le tienen que dar facilidades y se le tiene que tener confianza a las dependencias, eso fue el acuerdo", explicó.
