Según el Inegi, los estados con más menores infractores son Jalisco, con 460; Sonora, 362; Estado de México, 347; Baja California, 218, y Chiapas, con 211.
María Cabadas
CIUDAD DE MÉXICO
La Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP) elaborada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) revela que mil 30 adolescentes, entre los 12 y los 17 años de edad, se encuentran privados de su libertad para tratamiento por delitos graves como robo, violación sexual, homicidio, portación ilegal de armas y comercio ilegal de drogas.
En esta encuesta se refiere que hay un universo de 3 mil 413 adolescentes que se encuentran en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (SIJPA), pero sólo mil 30 están privados de su libertad y el resto, es decir, 2 mil 383, llevan su proceso en externación, con tratamientos sicológicos para ayudarles a reinsertarse en la sociedad.
El tratamiento en externación consiste en acompañar educativamente en libertad a los adolescentes, buscando la inclusión social y escolar. En ocasiones los limitan a ciertos territorios o lugares y están obligados a concluir grados escolares.
Según el Inegi, los estados con más menores infractores son Jalisco, con 460; Sonora, 362; Estado de México, 347; Baja California, 218, y Chiapas, con 211.
El reporte del instituto destaca que en el SIJPA hay mil 967 adolescentes infractores que cuentan con un nivel escolar y no estaban estudiando al momento de su detención.
De esa cifra, 512 trabajaban para ayudar a los gastos de su familia, 470 manifestaron que no les gustaba ir a la escuela y 179 no tenían dinero para ir a clases.
También revela que actualmente se encuentran en el SIJPA menores de entre 12 y 17 años de edad principalmente por haber cometido el delito de robo, con 717 casos.
A ese delito le siguen la violación sexual, con 527; homicidio a propósito, 310; portación ilegal de armas, 211; comercio ilegal de drogas, 165; lesiones, 151; posesión ilegal de drogas, 88, y secuestro y secuestro exprés, 88.
Sofía Cobo, profesora investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y coordinadora del Grupo Iberoamericano en Justicia Juvenil del Centro Infantil para el Desarrollo Neuroconductual (Ciden), explica a EL UNIVERSAL que en México a partir de los 14 años de edad los adolescentes pueden ser privados de la libertad en un centro especializado.
Comenta que se deben generar políticas públicas, programas y acciones de protección general de los derechos de los adolescentes.
"Existen informes, como el de Violencia, niñez y crimen organizado que publicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los que ha señalado que los menores de edad de América Latina y el Caribe son el grupo más vulnerable de convertirse en víctimas o victimarios ante la violencia e inseguridad que existe en la región; por lo tanto, evidencia que este grupo poblacional se encuentra en condiciones precarias y expuesto a situaciones de abuso y violencia, y no cuentan con políticas de protección de derechos", manifestó.
Considera que las becas que otorga el gobierno a niños y adolescentes "han servido de algo, porque todo abona en materia terciaria del delito, es decir, para la no reincidencia delictiva. Sin embargo, la estrategia, sobre todo en adolescentes, debe ser integral, holística y no punitiva, tal como establecen los estándares nacionales e internacionales. Se deben incluir programas y políticas no sólo económicas, sino también, sociales, laborales, educativas, deportivas, entre otras".
Para Juan Martín Pérez García, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, las cifras de la ENASJUP es una expresión más del deterioro institucional y desmantelamiento de las políticas públicas destinadas a prevenir y a proteger a niños y adolescentes.
"Lo que leemos con estas cifras que presenta el Inegi es una peor condición para ser un niño o un adolescente en México con entornos muy complicados. Es evidente que las becas con las que supuestamente se busca arrebatárselos a los grupos delictivos son una burla y una ofensa a la inteligencia", asegura.
Expone que los "programas de transferencia, además de contar con cantidades irrisorias, se concentran más en estrategias político-electorales que no impactan en ningún tipo de cambio en sus condiciones de vida".
