El agregado judicial de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá envió una carta por correo electrónico al director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Era el 16 de diciembre de 2020.
Silber Meza
CIUDAD DE MÉXICO
El agregado judicial de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá envió una carta por correo electrónico al director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Era el 16 de diciembre de 2020. Dos meses atrás había solicitado el uso de agentes encubiertos para realizar una entrega controlada de cocaína, pero hubo un abrupto cambio de planes con base en nueva información de inteligencia. A la operación se agregaría México como país de tránsito rumbo a Estados Unidos. Incluía el permiso de transporte de hasta 200 kilos de coca, cinco kilos de heroína, 20 kilos de metanfetamina y 20 kilos de otra sustancia sintética ilegal no especificada. También el empleo de hasta 2 millones de dólares para pagos y transacciones.
El membrete de la misiva anunciaba a la División Criminal del Departamento de Justicia. La solicitante directa era la agencia antidrogas estadounidense, la DEA.
En la carta también pidieron permiso y apoyo para realizar vigilancia y seguimiento, búsquedas selectivas en bases de datos e interceptación de teléfonos de los criminales para obtener evidencia que en el futuro les pudiera ayudar a nuevas capturas y extradiciones.
La comunicación cerró con la certeza de que la diplomacia mexicana ya estaba enterada y aprobaba el eventual cruce de drogas por su territorio.
"El gobierno de Estados Unidos, a través de su agencia DEA, ha comunicado el origen y propósito de esta operación a las autoridades apropiadas de México, específicamente a la policía nacional de México, a través de canales diplomáticos en México. Con esta solicitud la DEA afirma que esta operación ha sido autorizada en México".
Al día siguiente, a las 10 de la mañana del 17 de diciembre de 2020, la Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la fiscalía colombiana llenó el formato que se necesitaba para aceptar el trabajo de agentes encubiertos y entregas controladas de drogas.
El gobierno colombiano aceptó la incorporación de dos agentes encubiertos del Grupo Apoyo Estupefacientes SIU (una estructura nacional que opera en apoyo de la DEA en Colombia y otros países), acompañados de dos agentes de control para supervisarlos y apoyarlos. La operación general fue calificada como de riesgo medio, pero el trabajo de los agentes de alto.
La misión no era fácil de lograr. Lo primero que tenían que hacer era ganarse la confianza de la organización delictiva para que les permitiera comerciar con la droga y lavar el dinero. El gobierno colombiano les autorizó pactar con el crimen y acudir a lugares públicos y privados: domicilios, trabajos, habitaciones de hoteles. A la operación la llamaron New Generation.
Antes de actuar como agentes encubiertos de una entrega controlada, las personas previamente entrenadas por la DEA deben firmar un acta de voluntariedad donde se establecen sus facultades, deberes y prohibiciones.
Tienen permitido efectuar acercamientos con la organización criminal, intervenir en el tráfico y adelantar transacciones con los indiciados, entre otras licencias.
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En este reportaje se informa de investigaciones de operaciones encubiertas de entrega controlada en las que se asegura que México otorgó permisos para el tránsito y/o destino de drogas y dinero ilícito. Abarca el periodo 2019-2022, correspondiente al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La suma de las operaciones alcanza 5 millones de dólares, 5.4 toneladas de cocaína, 10 kilos de heroína, 40 kilos de metanfetamina y 40 kilos más de sustancias ilegales sintéticas no especificadas.
Las entregas controladas autorizadas a la DEA por el gobierno mexicano suceden mientras el país atraviesa por un periodo de extrema violencia y empoderamiento de los grupos criminales, principalmente del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa, y durante una ríspida colaboración e incluso choque entre el gobierno mexicano y la DEA, entre otras autoridades de Estados Unidos. La crisis entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la agencia empeoró a partir de octubre de 2020, luego de que fue detenido en Los Ángeles, California, el exsecretario de la Defensa Nacional general Salvador Cienfuegos, acusado de crímenes vinculados al narcotráfico.
Sucede, además, tras la duramente criticada por este gobierno operación de tráfico ilegal de más de 2 mil armas estadounidenses a México iniciada en 2009 Rápido y Furioso, con la que intentaron de forma fallida seguirle el rastro al armamento en poder de grupos criminales mexicanos.
México no suele aceptar la ejecución de este tipo de operaciones. Se niega casi por reflejo.
Para este reportaje se buscaron las versiones de la Fiscalía General de la Nación de Colombia y de la DEA, pero no hubo respuesta. En México se solicitaron versiones a la Presidencia de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Fiscalía General de la República, pero ninguna institución quiso abordar el tema.
Y ahora, el ICE
Esta vez no fue la DEA la encargada directa del operativo antidroga, sino el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). La agencia no sólo se dedica a temas migratorios, también abarca operaciones como el combate al tráfico de drogas ilegales, particularmente a través de una de sus direcciones generales: la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).
El 14 de julio de 2021, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la Embajada de Bogotá, solicitó a la fiscalía que autorizara un par de agentes encubiertos para efectuar una entrega controlada de droga. La solicitud venía de la HSI/ICE.
Al final, la operación se trató del tráfico de 5 mil kilogramos de cocaína, es decir, cinco toneladas, y el manejo de un millón de dólares.
La relación de México con Estados Unidos siempre ha sido complicada, sobre todo en materia de soberanía nacional, y esta es una de las razones que han hecho que el presidente López Obrador aumente su rispidez con las agencias de inteligencia estadounidenses, sobre todo con la DEA.
Ahora, con los nuevos documentos revelados en este reportaje, sabemos que, a pesar de esta pública mala relación, las operaciones de entrega controlada de droga continúan, así como también el uso avalado de dinero proveniente del narcotráfico.
Este artículo es parte de #NarcoFiles: el nuevo orden criminal, una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus innumerables tentáculos y quienes los combaten. El proyecto, liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia que fue compartida con EL UNIVERSAL y más de 40 medios de comunicación en todo el mundo. Los periodistas examinaron y corroboraron el material junto a cientos de documentos, bases de datos y entrevistas.
