Una de las principales demandas en contra del Poder Judicial Federal es el “despilfarro” de dinero en los salarios y retiros de los ministros. Sin embargo, hay algo de lo que poco se habla, me refiero a los contratos que existen entre el Poder Judicial y sus proveedores. Para esta columna me voy a concentrar en uno de ellos que en los últimos años tiene contratos millonarios: la Secretaría de la Defensa Nacional.
Al menos desde 2013, el Poder Judicial de la Federación ha adjudicado de forma directa obras a la Sedena. Ejemplo de ello son los contratos específicos de colaboración a los que he tenido acceso, firmados entre 2013 y 2014 entre la Oficialía Mayor del Consejo de la Judicatura Federal y la Defensa para la realización de obras públicas requeridas por el Consejo para ser ejecutados por la Sedena.
Para no tener que abrir un procedimiento de licitación pública, el 15 de abril de 2013 decidieron firmar un convenio de colaboración interinstitucional para adjudicar de forma directa las obras a los ingenieros militares. Nada nuevo, pues desde entonces ya existía una tendencia de militarización en el país.
Lo que sí es relevante señalar es la disputa actual que hay entre el Consejo de la Judicatura Federal y la Sedena por el cumplimiento de esos tres contratos que juntos suman la cantidad de 1,383 millones 95 mil 919 pesos.
El Poder Judicial cuenta con un diagnóstico respecto a esos contratos relacionado con la no procedencia de estimaciones, catálogos de conceptos y vicios ocultos por mala calidad de materiales y procesos constructivos por parte de los ingenieros militares. Las obras sí se realizaron, pero se realizaron mal.
Los contratos contemplaban que en caso de que existiera un sobrante o los recursos no fueran ejercidos en su totalidad, la Sedena debía devolver los recursos a la cuenta bancaria del Consejo de la Judicatura Federal.
En este entendido luego de 10 años de haber firmado los contratos, el Consejo de la Judicatura Federal –actualmente presidido por la ministra Piña– solicitó a la Sedena la devolución de 348 millones 851 mil 507 pesos únicamente por concepto de pena convencional (figura que se utiliza cuando hay algún incumplimiento), al no haberse cumplido correctamente con los trabajos, los recursos deben ser devueltos según lo estipulado en los contratos.
Sin embargo, la Sedena respondió –a través de la Dirección General de Ingenieros– que no va a devolver los recursos solicitados porque, asegura, se presentó en su momento la documentación que avala el ejercicio de los recursos que se recibieron del Consejo.
Entonces, ¿quién está mintiendo? El hecho de que el Consejo de la Judicatura haya decidido solicitar el cobro de la pena convencional no fue una ocurrencia, sino que encuentra sustento en la falta de evidencia de la realización correcta de la obra como se estipuló en su momento. Por su parte, la Sedena –sin dar mayores argumentos– asegura que la obra se realizó y solicita se formalice el finiquito sin saldo a favor o en contra de ambas instituciones.
En la última semana, se le ha acusado a los ministros y ministras de la corte de “irse” con su haber de retiro, como si se tratara de un acto de corrupción el derecho a la pensión, que además los legisladores de Morena y sus aliados ratificaron en la reforma judicial como garantía a la salida de cada ministro.
