La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reaccionó tarde a la publicación que hizo este miércoles el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre tres instituciones financieras mexicanas a las que calificó como “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero”.
En un comunicado rubricado por la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y el IPAB, la CNBV informó sobre la “intervención gerencial temporal” de CIBanco e Intercam, dos de las empresas señaladas por el gobierno de Estados Unidos.
El argumento de la intervención es “proteger los intereses del público ahorrador y acreedores”, lo que no ha hecho en muchos otros casos, sobre todo con las Sofipos. El ejemplo más reciente es el de la empresa CAME. La reacción tardía es porque no debió dejar que Estados Unidos hiciera el trabajo de la CNBV, con todo y el golpe reputacional y de credibilidad para todo el sistema bancario.
Si bien la CNBV tiene facultades y obligación de intervenir gerencial o administrativamente a las entidades financieras que capten dinero de los ahorradores y de inversionistas, ya sea por una cuestión de insolvencia o de investigaciones por presuntas fallas en controles antilavado, como fue el caso de CIBanco e Intercam, también puede y debe hacerlo con las casas de bolsa, como Vector, del empresario Alfonso Romo.
Este último caso es relevante, porque en su comunicado la CNBV no menciona nada sobre el caso de Vector, la institución que también fue señalada por el FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) del Departamento del Tesoro por presuntamente lavar dinero para organizaciones criminales y, además, haber recibido al menos 40 millones de dólares de empresas relacionadas con el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genero García Luna, actualmente preso en Estados Unidos.
Según la Ley del Mercado de Valores, la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las casas de bolsa en México también pueden y deben ser intervenidas por las autoridades del país si existen indicios de que se han violado las leyes relacionadas con el lavado de dinero.
La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, es decir que el dinero y la administración de los clientes de la casa de bolsa también deben ser resguardados en caso de un señalamiento tan grave como el que hizo Estados Unidos contra Vector.
Este doble rasero de las autoridades financieras de México llama la atención, sobre todo por la relación tan cercana del propietario de Vector, Alfonso Romo, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, de quien fue su jefe de Oficina los dos primeros años de gobierno.
Desde el año pasado, Vector ya había dado indicios de irregularidades, cuando el Mellon Bank se negó a ser su corresponsal en el intercambio de dólares después de detectar que enviaba recursos procedentes de actividades criminales.
Estas alertas ponen en riesgo al sistema bancario y financiero mexicano, simplemente porque son apenas un aviso de lo que Estados Unidos está dispuesto a hacer contra cualquier entidad financiera de la que sospeche que participa, directa o indirectamente, en el blanqueo de capitales o que tiene relación con el crimen organizado. Ahora fueron dos bancos relativamente pequeños y una casa de bolsa, pero mañana podría ser otra institución cuyo golpe reputacional sí sea un riesgo sistémico.
