Este lunes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, anunció que en un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales se aseguraron 129 carrotanques con más de 15 millones de litros de combustible de procedencia ilícita en dos puntos de Coahuila, lo que significó el decomiso más grande en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Estos 15 millones de litros se suman a los 880 mil litros decomisados hace unos días en Tabasco. Qué paradoja: es el estado donde nació y creció el expresidente, quien tras llegar a la Presidencia una de sus primeras acciones fue decretar el fin del delito de huachicol de gasolinas.
La cruzada contra el ilícito generó pánico entre los consumidores que abarrotaron las estaciones de gasolinas y lo único que se logró fue un ambiente de impunidad, pues el delito, lejos de terminarse, se multiplicó.
Por eso, en el actual sexenio las cifras han ido en aumento: en el periodo junio-julio se desarticularon varias redes de huachicol y se clausuró una refinería clandestina en Coatzacoalcos, Veracruz, (el lugar donde la exsecretaria de Energía y actual gobernadora del estado, Rocío Nahle, presume ser oriunda) en la que hace menos de un mes se decomisaron poco más de 3 millones de litros de combustible extraído ilegalmente.
Para tener una idea del negocio multimillonario alrededor del huachicol, en su modalidad “tradicional”, es decir la ordeña de ductos, Pemex reportó en 2024 pérdidas por más de 20 mil millones de pesos por robo de combustible directo, mientras que entre 2019 y 2022 esa cifra sumó 76 mil millones de pesos.
Un ejemplo es Guanajuato, que gobierna la panista Libia Dennise García, donde se estiman que se extraen hasta 200 mil litros diarios, lo que representa unos 1.8 millones de pesos por día para grupos delictivos. En 2024, el huachicol fiscal provocó una pérdida estimada de 177 mil millones de pesos para el erario, aunque la cifra es conservadora.
El caso más reciente tiene que ver con la senadora de Morena, Olga Patricia Sosa Ruiz, quien recientemente confirmó que su madre le hizo un depósito de 30.5 millones de pesos a través de Vector Casa de Bolsa, una de las tres instituciones señaladas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de lavar dinero para el crimen organizado.
Entre 2023 y 2024, Vector fue señalada por el Departamento del Tesoro de EU por lavado de dinero. Se les vincula a redes del narcotráfico y a estructuras del Cártel de Sinaloa. En septiembre de 2024, Ovidio Guzmán López se declaró culpable en Estados Unidos. A cambio, habría entregado información clave sobre bancos, casas de bolsa y estructuras financieras del narco. Se mencionó a Vector, CIBanco e Intercam como instituciones utilizadas para lavar dinero y mover recursos para compra de precursores de fentanilo.
Hace unos días, la Fiscalía General de la República inició una investigación formal sobre operaciones con Vector. La transacción realizada por la madre de Olga Sosa entró en el radar. Sosa se deslindó y aseguró que el dinero de su madre proviene de una herencia, y acusó que la filtración de la ficha fue ilegal, sin embargo, no presentó documentos que acrediten origen, ni la empresa emisora de las acciones.
