Jesús Zambrano Grijalva
Desde el 2000, México participa en la aplicación del Programme for International Student Assessment (PISA), que se realiza cada tres años —siendo el de 2015 el más reciente— y es coordinado por la OCDE. A través de un estudio, se comparan los resultados de los sistemas educativos de los países evaluados, al medir los conocimientos de estudiantes de 15 años en lectura, ciencias, matemáticas y habilidades sociales. En México, el INEE —organización derivada de la reforma educativa— es responsable de la aplicación de la prueba.
De la prueba PISA 2012 en México se desprendió que el porcentaje de jóvenes escolarizados es menor a 70%; entre los 34 países de la OCDE, a la que nuestro país pertenece, el promedio es de más del 90%. No se alcanzaron los niveles de competencia básicos: en matemáticas, 55%, el puntaje fue de 413 contra el promedio de la OCDE de 494. En lectura, 41%, 424 contra 496. En ciencias, 47%, 415 contra 501.
También que para empatar los niveles de la OCDE, México tendría que ocupar más de 25 años en matemáticas y más de 65 en lectura. Que el resultado de los alumnos de escuelas privadas no fue superior a los de escuelas públicas, además de que es baja la oportunidad para tener “rendimiento de excelencia”: 3.8% puede sobreponerse al contexto de desventaja social, frente al 6.5% de la OCDE. En conclusión, ocupó el último lugar entre los países de la OCDE y el 53 de 65 que participaron en la prueba.
La mala condición de la educación pública básica en México, desde hace décadas, obligaba a tomar acciones: de una suma de esfuerzos anclados en el Pacto por México, derivó la reforma educativa, la cual ha sido exorcizada con falsedades como que es privatizadora o se venderán los libros de texto o es un proyecto para mercantilizar la educación, todo con un tufo de miedo vertido a profesores, padres de familia y población en general, con el único afán de mantener privilegios y dejar las cosas igual.
En estados como Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Veracruz —los primeros cuatro con permanentes movilizaciones de la CNTE en contra de la reforma educativa— hay, en promedio, 50% de analfabetismo. Esto no quiere decir que los maestros son los principales responsables del rezago educativo, porque esta situación obedece a múltiples factores y es una expresión de la desigualdad social, pero sí es un indicador que se agrava ante tantos días sin clases.
Si México aplica un porcentaje de su PIB en educación similar al de otros países de la OCDE, pero bajo en términos absolutos por estudiante, de acuerdo con el Panorama de la Educación 2015: indicadores de la OCDE, es que algo muy importante no está funcionando. Estoy convencido de que se requiere un acuerdo nacional por la educación, cuyo objetivo central sea la elevación de su calidad para hacer de ella una palanca del desarrollo del país, de combate a la desigualdad y de dignificación de la vida de las personas. El Congreso de la Unión debiera jugar un papel preponderante en el próximo periodo ordinario de sesiones.
Es urgente que autoridades, profesores, académicos, especialistas, pedagogos y fuerzas políticas sumen esfuerzos en la construcción de un modelo educativo de vanguardia, que preserve el carácter laico, público y gratuito, como está establecido en la Constitución; refuerce los contenidos de los libros de texto gratuitos, planes de estudio y metodología de la enseñanza, además de mejorar las instalaciones de escuelas públicas y especificar derechos y obligaciones del magisterio. En este contexto, debiera revisarse qué fallas ha presentado la reforma educativa y corregirlas.
Esto puede ser a través de propuestas sólidas que la enriquezcan, por parte del magisterio, gobiernos federal y estatales e incluso a través de una iniciativa ciudadana —figura jurídica prevista en la Constitución— que bien podría presentar la CNTE, para que la sociedad conozca qué critica y qué propone para salir del atraso educativo.
