Carlos Puig
Duda razonable
Solo tres de las 25 ciudades más grandes de Estados Unidos son gobernadas por alcaldes republicanos. En el resto, la proporción es más equitativa, pero sigue en general el parámetro de entre más pequeña, más vota republicano. Hay una lógica demográfica, las urbes estadunidenses han crecido en proporción del aumento de su diversidad racial y étnica.
Es por eso que desde hace muchos años los republicanos más duros sobre migración han hecho la amenaza que hoy está en el plan de Donald Trump: frenar la transferencia de fondos federales a ciudades o estados considerados “santuario”. Es decir, aquellas donde policías o burócratas en contacto con ciudadanos no preguntan situación migratoria y aún si se enteran de él, no lo reportan a las autoridades federales encargadas de la migración. Las decisiones de estas entidades varían. En algunas no se pregunta, en otras se pregunta y no se reporta, en otras se les permite, por ejemplo, tener una licencia para manejar, en otras hasta se les dan documentos de identificación sin importar situación migratoria.
La mayoría de las policías locales prefiere trabajar así. Eso le permite entrar a los barrios donde viven indocumentados, trabajar con ellos, sin miedo. Según algunas cuentas, hay unas 300 jurisdicciones que podrían ser consideradas “santuarios”.
Ayer, los alcaldes y/o jefes de policía de Nueva York, Chicago, Seattle, Los Ángeles, Filadelfia y Providence dijeron que no suspenderán sus políticas de no cooperar con el departamento de inmigración más allá de la amenaza de Trump en su plan.
Por años, los conservadores han intentado en el Congreso frenar fondos para estas ciudades. No está claro hoy cuáles serán esos fondos. La Suprema Corte ha dicho que el condicionamiento de fondos tiene que estar relacionado con el propósito de los fondos. El mejor ejemplo son los fondos para seguridad vial condicionados a imponer límites de alcohol en la sangre para conductores o programas de alcoholímetros. Esos fondos se repartirán desde un Congreso republicano.
El Departamento de Justicia ya ha insinuado que podría ser ilegal prohibir a un servidor público —como lo hacen algunas ciudades— compartir información sobre un indocumentado con autoridades federales.
Frente a la agresión contra mexicanos, los alcaldes estadunidenses están pintando su raya frente al presidente electo.
El gobierno de México sigue optimista.
Así las cosas.
