La situación crítica financiera que padece el estado de Veracruz ya no solo es un problema económico, que pone en riesgo la economía familiar de los veracruzanos; también ya se ha convertido en un mal que pone en riesgo incluso la propia vida, la integridad física de los derechohabientes del Sector Salud.
Ayer, paró labores el personal médico sindicalizado de todos los Hospitales Generales que integran la red del Sistema Público de Salud, tanto en las zonas geográficas estatales de la parte norte, centro como sur del estado.
Imagínese usted, ahora ya no solo se sufre por la astringencia financiera o inseguridad que se padece en Veracruz, sino que debemos tener miedo a no poder acceder a una atención médica de calidad, tanto en Servicios de Urgencia o Terapia Intensiva, por la justa demanda de la burocracia que reclaman el pago de un salario devengado.
¿Podemos imaginarnos cuántos derechohabientes no pudieron haberse practicado una cirugía programada en algún Hospital del Estado? Sin duda, esta protesta ha sido una de las más lacerantes.
En Xalapa, hasta el propio alcalde Joaquín Caballero no pudo ingresar a las oficinas de la Secretaría de Finanzas debido a que un numeroso contingente de manifestantes, prácticamente habían tomado las instalaciones.
Más de 60 alcaldes veracruzanos se reunieron ayer en la SEFIPLAN para pedir el oportuno pago de los adeudos que mantiene el Gobierno Estatal con las administraciones federales, que no han recibido sus participaciones federales.
La situación financiera en nuestro estado ya está rebasada, su condición es de crisis… es de emergencia.
Urge una oportuna intervención financiera del Poder Ejecutivo Federal, propio de un país republicano, para que ponga orden en Veracruz que es una de las entidades federativas con mayor crecimiento demográfico, de posición estratégica geográfica comercial importante, si es que no desean ver un estallido social.
Veracruz ya no soporta más deudas, Veracruz ya no soporta más pobres, es necesario un fondo económico de emergencia que saque a la entidad de esta severa crisis, pero también es básico otra cosa: que los responsables de esta debacle paguen por sus errores. Que se cumpla la Ley, que se aplique la sanción con rigor y sin distingo a quienes defraudaron a los veracruzanos tras haber sido electos en un cargo de elección popular.
Los autores del endeudamiento, de este desvío de recursos, tienen nombre y apellido. La clase política lo sabe.
Más allá de cualquier sesgo partidista, se necesita una actuación firme de todos los niveles de Gobierno para restaurar Veracruz desde sus cimientos económicos. Si no es así, que no les extrañe que despierte el jarochismo bronco y contestatario que se rebele contra las autoridades fallidas en el cumplimiento de su deber. Que no les extrañe.