El tema de la toma de la caseta de cobro del puente Coatzacoalcos Uno, ya se convirtió en tierra de nadie. Lo que en un principio, incluso parte de la ciudadanía y automovilistas vieron con cierta simpatía porque se trataba de ex trabajadores de empresas de la zona industrial, así como trabajadores transitorios de Petróleos Mexicanos sin contrato, se ha pervertido, al grado de que ahora ya cualquiera que se pone un overol o consigue una camisola con el logo de Pemex, puede tomar la caseta y dedicarse a botear, para que los más de 20 mil usuarios del puente les den su cuota “voluntaria”.
Lo más grave del tema, es que hasta ahora no se ve clara la intervención del gobierno para dar una solución de fondo al asunto, no obstante que se comenta que un grupo fue atendido en la ciudad de Xalapa, pero ahora ya son varios grupos que a cualquier hora del día se posesionan de los módulos de cobro. Incluso se comenta que los empleados de la empresa que se encarga de la recaudación del peaje no estarían cobrando sus salarios, bajo el argumento de que los supuestos ex trabajadores impiden que se recaude.
Líderes serranos de Tatahuicapan siguen amagando con el cierre de válvulas en la presa del Yuribia, vieja práctica que les ha venido redituando jugosas ganancias para el grupo de dirigentes que ya encontraron su minita de oro, ante la tibieza de gobiernos que han preferido negociar que cumplir compromisos en beneficio de las mayorías. En ese sentido, el pronunciamiento del gobernador Miguel Ángel Yunes ha sido muy concreto, al señalar que en el caso de la presa ya no se van a permitir más chantajes, lo que al parecer ha tenido cierto efecto, porque hasta ayer la postura de los dirigentes serranos era que no cerrarían las válvulas, sin embargo estaban dando un plazo de 72 horas para que el gobernador y el alcalde de Coatzacoalcos renovaran el convenio económico que tienen con ellos.
Cabe mencionar que el Gobierno del Estado había ofrecido becas y obras para empezar a dar cumplimiento a las demandas incumplidas, mismas que han sido la bandera y el pretexto para el chantaje mediante el bloqueo del suministro de agua a medio millón de habitantes del sur de la entidad. Dicho ofrecimiento de plano ha sido rechazado por los líderes serranos, quienes ahora ya se olvidan de las demandas originales y quieren seguir recibiendo dos millones y medio mensuales a cambio de permitir el suministro del vital líquido.
Ante esta situación de intransigencia, veremos de qué está hecho el actual Gobierno del Estado y si está dispuesto a permitir que se siga estando por encima de la ley o se aplica el Estado de Derecho ante la comisión de un delito reiterado. Conociendo el estilo de Miguel Ángel Yunes, es de esperarse que aplique mano firme y ya no tolere más los abusos, y por otro lado, se empiece de una vez por cumplir con las obras pendientes.
