Uniendo la palabra a la acción, el Gobierno del Estado que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares, cumplió con la consigna de no permitir más la toma de la caseta de cobro del puente Coatzacoalcos Uno. El domingo en las primeras horas de la madrugada, un grupo de elementos de la Policía Estatal con el apoyo de la Policía Federal, aseguraron por completo esas instalaciones, mismas que están concesionadas al gobierno estatal para su operación. Como se recordará, en los últimos meses fueron tomadas, en un principio por grupo de ex trabajadores de las empresas que prestaban servicio al Complejo Petroquímico Pajaritos, quienes quedaron desempleados después de la explosión de la planta Clorados III. Posteriormente se unieron en esa labor trabajadores transitorios de Petróleos Mexicanos, que se quejaban de no ser contratados por la empresa del estado.
Lo cierto es que hasta el momento el ultimátum lanzado por el Gobierno del Estado se ha cumplido al pie de la letra y sólo faltará estar atentos para ver si hay alguna reacción por parte de los involucrados o este ha sido el final de la historia de acciones al margen de la ley, que si bien es cierto en un principio contaron con manifestaciones de apoyo de la ciudadanía, en las últimas fechas ya era un movimiento que estaba infiltrado por personas que su único fin era el de conseguir dinero que de manera “voluntaria” le solicitaban a los automovilistas.
Muy aparte es el tema de que si la caseta de cobro debe reubicarse o de plano desaparecerla, como lo sugieren diversas voces ciudadanas. Lo cierto es que los automovilistas pagan 22 pesos por solo un poco más de 900 metros que mide de largo el puente Coatza Uno, lo que hace que sea el tramo de peaje más caro de la República Mexicana, sólo baste poner como ejemplo la carretera Del Sol, México-Acapulco o México-La Marquesa, donde el peaje cuesta en promedio 4 pesos por kilómetro, con la diferencia de que ahí existen hasta seis carriles con un excelente mantenimiento, a diferencia del tramo del crucero de Pajaritos al puente, donde son sólo dos carriles en pésimo estado por el nulo mantenimiento.
Después de lo ocurrido en el Coatza Uno, quienes deben poner sus barbas a remojar son los dirigentes indígenas de la región de Tatahuicapan, quienes no están convencidos de aceptar la propuesta del gobierno, de empezar a darles becas y realizar obras para cumplir con compromisos contraídos con administraciones anteriores, a lo cual los líderes serranos han respondido que prefieren seguir recibiendo los 2 millones y medio de pesos que se les venía otorgando a cambio de permitir la operación de la presa del Yuribia. Es evidente que para los dirigentes es más rentable que no se les cumplan los compromisos para beneficio de toda la población, con tal de conservar las prebendas y los arreglos políticos que tradicionalmente han sucumbido ante el chantaje de dejar sin agua a más de 500 mil habitantes del sur de Veracruz.
