Uno de los eventos más afortunados de ayer fue el operativo que emprendió la Procuraduría General de la República (PGR) en la zona centro de Coatzacoalcos, dentro su estrategia federal “Juntos contra la Ilegalidad”.
Elementos de la PGR lograron el aseguramiento de más de 17 mil unidades de discos y videos piratas que eran comercializados por los vendedores informales en plenas avenidas céntricas de la ciudad.
Y es que nuestra bella ciudad se ha visto opacada en los primeros cuadros por la presencia desordenada de estos comerciantes ambulantes que sin duda dan muy mala imagen urbana al municipio. Y no hay control, nadie los regula. Operan en completa impunidad. No ha podido con ellos ni la Dirección municipal de Comercio, ni la Secretaría de Hacienda ni mucho menos Protección Civil o Seguridad Pública Estatal.
Los vendedores ambulantes que se han apoderado de las calles céntricas de Coatzacoalcos incurren en varias faltas administrativas del bando de policía y buen gobierno, pero también incurren en delitos federales dentro la Ley Federal de Derechos de Autor, entre otras sanciones fiscales.
Los comerciantes informales no sólo invaden banquetas ocasionando un peligro a los automovilistas y transeúntes, también roban electricidad al Ayuntamiento, ya que muchos de ellos están “colgados” en el sistema municipal de alumbrado público.
Huelga mencionar que también hay afectaciones en el terreno económico, los vendedores ambulantes generan competencia desleal al sector formal de establecimiento comercial, dañando a los comerciantes acreditados que efectivamente sí pagan impuestos.
Pero más allá de un problema contra el embellecimiento urbano, está la delincuencia organizada en estos grupos de comerciantes que expenden productos piratas. Grupos criminales se han extendido en la copia masiva de dichos productos que logran colocar en las calles de Coatzacoalcos y todos estos productos vienen desde la Ciudad de México. ¿Cómo logran pasar tantos filtros de seguridad en las carreteras? Evidentemente hay una cadena de omisión y presuntas complicidades con otras autoridades de Gobierno.
Por eso celebramos que la PGR haya asumido su papel y logrado el aseguramiento de más de 17 mil de estos productos que se estaban vendiendo en Coatzacoalcos, violentando toda norma. Pero más allá de este logro, es necesaria una estrategia en las políticas públicas y acciones de Gobierno para que otorguen todas las facilidades al sector informal que se dedica a este sucio negocio.
Hay muchas familias que requieren de un sustento, y ante la falta de oportunidades económicas, son obligadas a vender productos de fayuca o mercancía ilegal. Es necesario no sólo implementar medidas coercitivas, sino también programas de gobierno que impulsen el emprendurismo en todas estas familias dedicadas al ambulantaje para que tengan una correcta reinserción económica y social… o de lo contrario, seguirán siendo parias en un modelo económico excluyente que los aísla de todo beneficio.
