Uno de los grandes retos que tiene el gobernador Miguel Ángel Yunes después de la seguridad, tiene que ver con el gran desorden que existe en el transporte público, ya que más que meter orden, administraciones van y vienen y tanto los camiones del servicio urbano como en la modalidad de taxis operan con una serie de irregularidades. Tan solo en Coatzacoalcos, Mario Clairgue Viveros, dirigente de la Ugocm, ha declarado que existen unas 300 unidades irregulares, eso tan sólo en el transporte urbano. Por otro lado, en el servicio de taxis las cosas están peor, ya que aparte de que existen números clonados, en muchos de los casos se utilizan algunas unidades para cometer delitos en contra de los ciudadanos.
En ese sentido el día de ayer, el gobernador llevó a cabo una reunión denominada “Programa de regularización y ordenamiento del transporte público”, donde el mandatario señaló que se revisarán más de 100 mil concesiones en todo el estado, comprometiéndose a retirar todas aquellas que operen de manera irregular. Se espera que de ser así, con esta medida se pueda eficientar este servicio y se eliminen esos añejos vicios que han convertido a ese transporte en rehén de mafias que ponen en peligro la vida e integridad de quienes solicitan ese servicio.
Ya que estamos adentrados en el tema del transporte público, vale la pena recordarle al gobernador, que después de los actos vandálicos que se dieron en el marco de las protestas por el “gasolinazo” del mes de enero, hizo un enérgico anuncio en el sentido de que en ese momento se estaban revisando cuando menos 60 casos de vehículos del transporte público que bloquearon carreteras y avenidas de ciudades veracruzanas, y que por lo tanto se estarían retirando las concesiones. Lo cierto es que hasta la fecha no se ha sabido ni siquiera de una sola concesión que se haya retirado, cuando existen los casos debidamente documentados, con fotografías, videos y testimonios.
Es muy delicado lo que está pasando, en el caso de delincuentes peligrosos que una vez que son detenidos y puestos a disposición del juez correspondiente, logran su libertad en cuestión de días, incluso de horas y no porque sean inocentes, sino por un indebido proceso; lo que pone en un grave riesgo a la sociedad, ya que esas personas salen a la calle a seguir cometiendo fechorías. Eso es una señal inequívoca de que las autoridades que están para procurar la justicia, no están haciendo bien su trabajo y para ellos no hay consecuencias jurídicas.
Así sucedió con un grupo de secuestradores que habían privado de su libertad a una menor de edad, mismos que fueron capturados en flagrancia y luego de haber sido puestos a disposición de un juez de control, lograron su libertad bajo el argumento de que no fueron puestos a disposición de inmediato y se habían presentado ante el Juzgado un promedio de 15 minutos tarde. Ese tipo de irregularidades se presta a la sospecha y deja mal parado al Fiscal del Estado, ya que sobre todo tratándose de los delitos como el secuestro, no se debe permitir el mínimo error, ya que en casos como el de Jáltipan, la familia de la víctima tuvo que abandonar su lugar de origen ante las amenazas de una posible venganza de los criminales. Lo delicado e inadmisible del tema, es que para quien comete esos errores de procedimiento no existan consecuencias, y no se den las denuncias o ceses inmediatos.
