La guerra declarada entre Andrés Manuel López Obrador y el gobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares, ha llegado a las instancias de la PGR a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). Las acusaciones en contra del tabasqueño en el sentido de que habría recibido recursos del gobierno anterior, ya está en las instancias legales. Para quien acusa sin pruebas, lo más rentable es que todo quede en el ámbito mediático, porque hay mucha gente que se engancha solo con declaraciones, las que llegan a concebir como verdades.
Sin embargo, la ventaja que tiene el hecho de que esos asuntos, que solo se ventilan en medios de comunicación lleguen a las instancias de ley, es que una vez que las autoridades correspondientes hagan su evaluación y emitan su fallo, alguna de las partes tendrá que asumir que ha quedado como mentiroso. Se espera que la Fepade actúe con imparcialidad y apegado a estricto derecho; sólo así podemos estar seguros de que alguien recibirá un duro revés.
Ojalá que esto sirva para que los políticos no sean tan ligeros a la hora de salir a hacer afirmaciones sin tener los elementos probatorios suficientes y solo quieran que sus dichos sean tomados como verdades, convirtiéndose incluso en ministerios públicos y jueces, antes incluso de que los casos puedan llegar a las instancias judiciales correspondientes.
El fraccionamiento Puerto Esmeralda, que hace unos tres años se vendía como un desarrollo urbano con todos los servicios y una planeación de primera, resultó ser todo un engaño para los cientos de familias que están viviendo en esa unidad habitacional, la cual construyó casas Geo. La falta de agua potable es un asunto de todos los días, sin importar que la presa del Yuribia esté tomada o no, ahí siempre padecen escasez. Por otro lado, la iluminación en las calles es pésima o casi nula, por lo que es entendible que las familias reclamen la reposición de más de 400 luminarias que están fundidas y que no hay autoridad que atienda esos reclamos.
Por cierto, Puerto Esmeralda, además de esos problemas que deben ser resueltos por las instancias correspondientes, es decir la CAEV y el ayuntamiento de Coatzacoalcos, también afronta la indiscriminada invasión de sus áreas verdes, que en algunos casos los propios colonos se han extendido más allá de lo que les corresponde de acuerdo a la escritura pública. En otros casos se trata de gente que ni siquiera tiene una vivienda ahí en el fraccionamiento, pero de alguna manera con la complacencia de las autoridades, han entrado en posesión de áreas verdes, ahora convertidas en negocios como papelerías y ferreterías, entre otros.
Esas invasiones a la vista de todo el mundo no pueden pasar desapercibidas para las autoridades de Obras Públicas o de Desarrollo Urbano, es evidente que hay una complacencia absoluta, incluso hay testimonios de personas que han externado que esto sucede con el aval de algunos funcionarios. Es inexplicable cómo la misma autoridad que le exige por norma a los desarrolladores de vivienda que deben dejar un porcentaje del predio para áreas verdes, ahora se convierten en cómplices por acción o por omisión del uso indebido de esas áreas, que deben ser espacios para la convivencia, incluso la oxigenación de los fraccionamientos.
