Juan Alberto Aldana Santiago
GENOCIDIO
El descubrimiento de 253 cadáveres que corresponden a jóvenes inhumados en fosas clandestinas, localizados por el Colectivo Solecito que sin más apoyo que la desesperación, la angustia por saber el paradero de sus familiares o de las personas desaparecidas, han destapado el mayor genocidio en nuestro estado Veracruz y en nuestro país.
Genocidio que no debe, no puede ser olvidado, minimizado o ignorado tanto por el gobierno federal, como el estatal.
Los responsables por omisión o complicidad tienen nombre en el pasado y en el presente en la función pública como garantes de ejercer la ley y la correcta aplicación de la justicia.
A los cuales se les deben fincar responsabilidad y llevarlos ante la justicia por crímenes de lesa humanidad.
El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares a través de la Fiscalía General del Estado, debe tener la sensibilidad humanitaria para facilitar todos los medios disponibles a su alcance a los familiares de las víctimas encontradas para su rápida identificación y entrega.
Pero indudablemente deben con firmeza, sin contemplaciones, aplicarles todo el peso de la ley a quien o quienes resulten responsables de este genocidio que es inadmisible y de proporciones grotescas, que vulneran a nuestro estado Veracruz y los primordiales derechos humanos de los ciudadanos.
Veracruz es actualmente un enorme camposanto de tumbas clandestinas, de barbarie, de terror, donde el precio a pagar es la sangre de miles y miles de víctimas que son sacrificadas por la violencia, por la enorme inseguridad que vivimos día con día.
Los hechos, los cadáveres, la sangre derramada en nuestro suelo, en nuestra tierra que enluta y lacera con el dolor de las familias de los asesinados reclama Justicia ya, ya, ya.
