La detención de Javier Duarte el día sábado por la noche en el país centroamericano de Guatemala, aunque a seis meses de que se encontraba prófugo, es el resultado del trabajo conjunto de inteligencia entre la Procuraduría General de la República y la Interpol, con la colaboración en los últimos días de las autoridades guatemaltecas. Así tenía que ser, ya que la PGR era la única institución que podía asegurar que estaría metiendo a Duarte a la cárcel, lo demás sólo eran deseos y declaraciones.
Dicen que las derrotas son huérfanas y a las victorias les resultan muchos tutores, y mientras a Duarte no lo aprehendían, nadie se hacía cargo de esa responsabilidad. En ese sentido, el fiscal veracruzano Jorge Winckler no se aguantó las ganas de salir a escena (incluso adelantándose a su jefe Miguel Ángel), vía Twitter desdeñó el trabajo de la PGR y ni tardo ni perezoso madrugó con su declaración, adjudicándole el logro al gobernador veracruzano y colgándole todos los blasones. Es decir, las autoridades federales para él no existieron en todo este proceso, donde el gabinete veracruzano no juega.
Hasta ayer a mediodía, tal y como lo había anunciado, Miguel Ángel Yunes salió a declarar, en el mismo sentido que el fiscal, haciendo solo suyo (aunque de pasadita un reconocimiento al presidente Peña), el logro de la detención de Duarte de Ochoa, asegurando en primera persona: “yo personalmente logré recuperar más de mil 200 millones de pesos” (repetido un par de ocasiones). Aquí la pregunta es: ¿cuánto devolvieron personajes como Ricardo García Guzmán a cambio de impunidad? y si ¿eso también forma parte de los millones que son ahora de los veracruzanos?
Después de las declaraciones del gobernador, de inmediato la Procuraduría General de la República salió a enmendarle la plana, ya que en rueda de prensa ofrecida la tarde de ayer, dejaron muy claro que la captura del ex gobernador Duarte no se desprende de las denuncias formuladas por Yunes a finales del año pasado, sino de las interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que datan del año 2014.
Lamentablemente el saldo de las vacaciones de Semana Santa no ha sido blanco ni a nivel nacional ni local, en el caso de Coatzacoalcos, por un lamentable descuido, un menor de escasos 10 años, miembro de una familia tabasqueña que estaba de paseo por Coatzacoalcos y que había sido reportado como desaparecido, el día de ayer por la mañana fue expulsado por el mar ya sin vida, a las playas del puerto.
Por otro lado, aún está en la mente el trágico accidente ocurrido en los límites de Michoacán y Guerrero, donde familias que procedían de Morelia Michoacán, mismas que habían rentado un autobús para dirigirse a las playas del Pacífico, encontraron un trágico final, ya que 24 de ellos perdieron la vida como consecuencia de la imprudencia de un conductor de una pipa cargada con combustible (para variar de doble remolque) misma que rebasó de manera imprudente, chocando de frente contra el autobús.
Por cierto, ahí quedó en la congeladora la iniciativa de ley, que a partir de la lucha de don Héctor Gudini, que a raíz de la muerte de su hijo por un accidente provocado por una de estas unidades, no ha descansado en la búsqueda de que se legisle para que se prohiba tajantemente la circulación de esas unidades pesadas, que son un peligro constante.
