Salvador Camarena
El 29 de mayo la justicia brasileña dio a conocer que entregaría a otros países la información relativa a los sobornos internacionales aceptados por la empresa Odebrecht, a condición de que los funcionarios de esa compañía queden a salvo de juicios y de que se evite la exhibición pública de las pruebas.
Como se sabe, esa empresa es acusada de montar una maquinaria de corrupción que operó en una docena de países, en los que repartió en mordidas al menos 439 millones de dólares, de ellos 10.5 millones en operaciones realizadas en México entre 2010 y 2014. (http://bit.ly/2s7pth9).
En lo que Brasil ha pedido hay elementos jurídicos irreprochables (no se debe juzgar a una persona dos veces por el mismo delito, por ejemplo). Sin embargo, es evidente el sentido proteccionista que, como es clásico en ellos, los brasileños imprimen al sentido de esas condiciones.
Evidente y hasta lógico: cuidan los intereses de sus conciudadanos, incluidos funcionarios investigados y sancionados por corrupción de una enorme empresa brasileña que sigue en activo.
La noticia de las condiciones brasileñas ha sido recibida con desencanto por quienes consideran que con ello se posterga y/o dificulta la justicia.
Por ejemplo, en Panamá (donde Odebrecht también corrompió), la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que es el capítulo de Transparencia Internacional en ese país, emitió el 1 de junio un boletín donde señala que “compartimos la decepción y frustración de la sociedad panameña de llegar a hoy, primero de junio, con las declaraciones de la procuradora, Kenia Porcell, del día de ayer, en que confirmó que la falta de un acuerdo entre Brasil y Panamá ha evitado que las confesiones de André Rabello, exdirectivo de Odebrecht Panamá, estén disponibles para revelar los nombres de los funcionarios que aceptaron sobornos, blanquearon capitales o fueron cómplices en esta maraña delictiva”. (http://bit.ly/2qObpoQ)
En México, el caso Odebrecht como tal no existe. Hay algunas pesquisas derivadas del caso Odebrecht internacional, pero una investigación robusta, ejemplar del combate a delitos de corrupción, por parte de la Procuraduría General de la República y/o la Secretaría de la Función Pública, no se ha visto por ningún lado en estos cinco meses, periodo transcurrido desde que en diciembre se supo que en una Corte de Estados Unidos había una confesión de ejecutivos de esa constructora aceptando que corrompieron en México.
Cómo se puede hablar de una pesquisa real si –para empezar– hasta la semana pasada en círculos cercanos a Emilio Lozoya se aseguraba que el exdirector de Petróleos Mexicanos no había sido llamado a declarar. Ese interrogatorio parece indispensable si se toma en cuenta: a) que buena parte, y sobre todo los más sustanciales en cuanto a volumen, de los contratos de Odebrecht son con Pemex, y b) que en Brasil hay imputaciones contra Lozoya por este caso.
EL FINANCIERO informó en abril que Odebrecht negocia un pago como reparación del daño. La primera oferta de Odebrecht fue que pagaría 20 millones de dólares (el doble de lo erogado en sobornos). (http://bit.ly/2oB84ZF)
¿De cuánto debería ser el castigo económico a Odebrecht? Antes que aceptar el doble o el triple de lo que dio en mordidas, ese cálculo debería hacerse con respecto a sus ganancias al corromper y al tamaño de la maquinación, de la intención de violar la ley, pues, y no con respecto a lo pagado en corrupción.
Pero para ello debería haber una genuina investigación, una que desvelara la maraña delictiva, dicen en Panamá, entre corruptores y corrompidos.
