Francisco Valdés Ugalde
Para tener buen gobierno, necesitamos de un buen Estado. Al no tener el segundo, tampoco hallamos el primero. La gobernanza de una sociedad no reside únicamente en alguna de sus piezas por separado. Es una maquinaria compleja que no se construye y maneja a discreción. El Estado es un conjunto complejo de instituciones políticas, sociales y económicas nacionales e internacionales. De formas culturales y tradiciones, de relaciones sociales y de interacciones transnacionales. De valores compartidos y mecanismos para hacer que se renueven o se transformen.
El Estado es el equilibrio de cooperación conseguido entre los miembros del demos y los titulares del kratos, dentro de cada uno y entre ambos. Desde luego, ningún Estado es ni puede ser perfecto; no se puede pedir que haya ángeles donde sólo hay seres humanos de carne y hueso. Nos urge construir un Estado democrático de Derecho que abra el camino para que la igualdad política de los ciudadanos se concrete, primero en menores desigualdades de acceso a las decisiones públicas y, luego, en una mayor igualdad política que se traduzca en gobernanza eficiente y funcional del bienestar público. Esta tarea no le corresponde únicamente al gobierno ni a los titulares o agentes de las instituciones y partidos políticos, les corresponde primordialmente a los ciudadanos. Más aún, la personalidad de la “ciudadanía” es un factor central en la edificación de un Estado democrático de Derecho. Si algo caracteriza al México de hoy, es el descontento ciudadano con las instituciones y, a la vez, la dispersión de la ciudadanía en múltiples causas comunes o en ninguna, y el muy bajo nivel de organización para la exigencia del respeto a las leyes y de producción de buenas leyes.
La información pública está repleta de casos de corrupción e impunidad, de deficiencia o colusión de las autoridades (in)competentes, de arreglos y conductas carentes de ética, de insuficiencia de los servicios públicos, de incapacidad para atender los reclamos de justicia hasta en los casos que se limitan al estricto cumplimiento de la ley en materias como derechos a la integridad física, a la seguridad, a la integridad patrimonial, al trabajo y al salario, al empleo, y muchos otros que obligan por igual a autoridades y particulares.
Muchos cambios hacen falta y en varios niveles para contar con un Estado democrático moderno. Además de transformaciones en la conciencia y organización ciudadana, que hay que promover activamente, es imperativo un cambio en la moralidad de los funcionarios de gobierno y acuerdos respecto de lo que es necesario hacer y ceder para salir de la dolorosa situación actual del país. Un paso indispensable es poner orden, transparencia y rendición de cuentas en las finanzas públicas a todos los niveles del gobierno. Es alarmante que el Estado sea incapaz de gobernar a los grandes contribuyentes, como lo ha reconocido el SAT. Entre la ineficacia recaudatoria y sancionadora de la evasión y la complacencia con el fundamentalismo de mercado y su falsa creencia en la baja recaudación como motor del crecimiento, muchos sistemas de gobierno han quedado incapacitados, castrados, para cumplir con sus obligaciones constitucionales. De ese modo se naturaliza la doble moral y el cinismo que le sigue.
Un Estado democrático de Derecho no tiene por qué ser ineficiente ni parasitario. Por el contrario, es la institución que a lo largo de la historia ha evitado, en sus mejores momentos, la depredación del interés público por parte de intereses particulares. Las más venerables instituciones de la democracia se construyen sobre ese principio: nadie está por encima del Estado de derecho, ni el gobierno ni los particulares. Y para ello se necesita de un Estado que no tenemos.
Director de Flacso en México.
@pacovaldesu
