Ignacio Morales Lechuga
El ambiente político se encuentra más que caliente, con vistas a las elecciones del próximo año, y es que ahora existen factores diversos que influyen en la decisión; uno de ellos y quizá el más relevante lo constituye la fuerza política que han generado las redes sociales, pues se han convertido en una fuerte zona de crítica para instituciones, partidos y gobierno, además de las organizaciones que se han creado para combatir la corrupción, la violación de los derechos humanos y la delincuencia.
La reforma constitucional llevada a cabo en 2014, ha puesto su granito de arena en el debate y enrarecido el clima político con la propuesta de reforma de 2016
La cuestión central que ha incitado la discusión estos los últimos días ha sido la reforma del artículo 16 transitorio del Decreto de reforma constitucional relativo a la Fiscalía General de la República, que sustituirá a la Procuraduría General, promulgada en el Diario Oficial el 10 de febrero de 2014 y que en su parte relativa establece: “el Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior quedará designado por virtud de este Decreto Fiscal General de la República por el tiempo que establece el artículo 102, apartado “A” de esta Constitución, sin perjuicio del procedimiento de remoción”.
El párrafo mencionado exige además de la puesta en vigor de las leyes secundarias, la declaratoria del Congreso de la Unión sobre el inicio de la autonomía del fiscal.
En noviembre de 2016 el Presidente presentó iniciativa de reforma al artículo 16 transitorio para establecer los criterios de selección del fiscal general y evitar el pase automático del actual procurador. Esta reforma aún no es aprobada y requiere en mi opinión, de cuando menos 17 de las 32 Legislaturas locales para ser aprobada. Hasta aquí las cosas.
¿Qué ocurre ahora? La fracción parlamentaria del PRI y sus aliados desean que se mantenga el artículo 16 original, mientras que el PAN, el PRD y el resto exigen que la reforma se lleve adelante y con ello la elección de un nuevo fiscal.
Mientras se resuelva una u otra cosa, quien lleva ganada la batalla es el Presidente, pues él podrá demostrar que no pretendió, como se ha dicho, encumbrar al procurador actual para cubrirle la retirada; el perdedor, por su parte, hasta ahora es Ricardo Anaya, ya que él ha tenido una conducta contradictoria, pues en 2014 aprobó el pase automático.
Lo cierto es que pareciera existir un rompimiento entre la alianza PRI-PAN, liderada por Anaya, a partir del descubrimiento patrimonial de él y su familia y por otra parte, el encumbramiento de los calderonistas al tomar Ernesto Cordero la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Nuevo pacto PRI-PAN
Parece muy difícil que la elección del fiscal se realice, tanto como la solicitada reforma al artículo 16 transitorio. La modificación del transitorio es el juego de poder que generará consecuencias de todo orden para el próximo gobierno y para los funcionarios del actual.
Lo anterior requiere de la aprobación de 17 Legislaturas locales. No se trata de una nueva Institución, sino de una transformación de la actual Procuraduría en Fiscalía General, de manera similar al cambio que sufrió Conaculta al pasar a convertirse en la nueva Secretaría de Cultura.
Está claro que la iniciativa de 2016 fue un factor clave para dejar a salvo el buen nombre del Presidente y que el Poder Legislativo asumiese la culpa derivada de su negativa para legislar.
Mientras esta batalla se resuelve, movimientos como el Frente Ciudadano por México que muchos creían muerto, aparece con al menos un propósito claro: ganar la capital y derrotar a Morena para desmoronar la aspiración de quien pretende ganar la Presidencia de la República. A partir de ahora todos los dados y las cartas juegan.
Notario público, ex procurador de la República
