LEY ELÉCTRICA, EMPIEZA LA BATALLA REAL
SALVADOR GARCÍA SOTO
Si lograr que le aprobaran la Ley de la Industria Eléctrica fue un asunto de trámite para López Obrador, que en pos de su reforma hizo valer no sólo su derecho de iniciativa preferente, sino también su mayoría de Morena convertida en aplanadora incondicional en el Congreso, ahora que ya fue promulgada y entró en vigor la nueva legislación —con su publicación el martes pasado en el Diario Oficial de la Federación— comienza la verdadera batalla que enfrentará el presidente y su 4T en tribunales del Poder Judicial y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a donde llegarán las acciones y controversias para impugnar la constitucionalidad de la reforma eléctrica lopezobradorista.
Los empresarios e industriales afectados con las disposiciones de la nueva ley, que le devuelve a la CFE el monopolio de la generación eléctrica en el país, ya anunciaron que interpondrán en las próximas horas una “ola de demandas de amparo” en contra de la legislación que afecta contratos y derechos adquiridos por las empresas privadas en el sector eléctrico. La Concamin, que agrupa a las principales cámaras industriales, y un grupo de empresarios de Nuevo León, que amenaza con un “tsunami de amparos” que se cuentan por cientos, pedirán a la justicia federal que analice y resuelva los daños que la nueva legislación causará a los esquemas de autoabasto y con ello a la competitividad de las empresas, por el encarecimiento que prevén en la energía generada por CFE, además del daño al medio ambiente.
Pero, aunque los amparos de empresas privadas se contarán por cientos y quizás hasta miles, esa será la vía más lenta para tratar de tirar la reforma eléctrica de López Obrador. Las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, que ya preparan varios gobernadores estatales y grupos de senadores y diputados de oposición, serían la ruta jurídica más rápida y efectiva para intentar echar abajo las reformas aprobadas en fast track y sin atender las exigencias de la oposición para un ejercicio de parlamento abierto, por las mayorías de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados.
Eso sí, lo más rápido que podrían presentarse las primeras acciones y controversias sobre la constitucionalidad de la Ley de Industria Eléctrica, sería en al menos tres semanas, pero de ahí a que se arme el proceso para su admisión y discusión por el pleno de la Primera Sala de la Corte, pasarían meses, según estiman fuentes consultadas en la propia Corte. Lo que significa que, cualquier discusión y decisión que se dé entre los ministros de la SCJN, sería necesariamente después de las elecciones federales y locales del próximo 6 de junio.
“Veo muy difícil que salga antes… por el tiempo que toma armar el proceso, notificar los trámites, estudiar, listar, circular para estudio de todos, etc.”, comentó a esta columna un funcionario de la Suprema Corte, que consideró muy probable que se admitan tanto las controversias como las acciones de inconstitucionalidad, pero el resultado final de la votación de los ministros, dependerá de los argumentos y planteamientos que hagan los actores políticos que decidan impugnar la constitucionalidad de la ley eléctrica.
En el caso de los gobernadores, entre ellos los de Jalisco, Enrique Alfaro, o de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, entre otros que ya han pedido a las áreas jurídicas de sus gobiernos que preparen recursos de inconstitucionalidad contra la reforma de López Obrador, lo más probable es que los estados opten por presentar acciones de inconstitucionalidad, porque la Controversia Constitucional se refiere más a un tema de invasión de competencias que no se aprecia, de entrada, en la nueva ley eléctrica, aunque al final todo depende de la argumentación jurídica que cada actor plantee en sus recursos.
