La intrincada historia de empresarios, abogados, jueces y corrupción
RAÚL RODRÍGUEZ
Como toda buena trama, el asunto al que me referí en la columna del viernes pasado tiene más capítulos que incluyen aclaraciones a la información aquí publicada, conforme corresponde al derecho de réplica de algunos de los personajes referidos en esta historia.
En primer lugar, Moisés Cosío Espinosa, el heredero del influyente empresario y banquero Manuel Espinosa Yglesias, no es quién está sujeto a una investigación. Es él, precisamente, el que la está promoviendo.
Se trata, entonces, de un empresario que está defendiendo sus derechos y de autoridades que tienen la lupa puesta en Banco Accendo y su directiva que, al parecer, se encaminan hacia un escenario similar al de Banco Famsa, al que hace poco más de un año (30 de junio de 2020), le fue revocada la licencia para operar como tal, debido a que redujo drásticamente su índice de capitalización (ICAP) “por malas prácticas”, según dijeron en su momento las autoridades financieras.
De acuerdo con la respuesta de algunos de los personajes señalados en la anterior entrega, Cosío y sus abogados Fernando Elías Calles Romo y Carlos Gutiérrez Salazar llevan casi dos años impulsando una serie de acciones legales e investigaciones en contra de Javier Reyes de la Campa y sus hermanos, quienes actualmente administran al debilitado Banco Accendo y ya lograron la disolución de Private Equity, controladora de la institución crediticia.
Aquí referimos que, según Banco Accendo, los abogados de Cosío Espinosa simularon una asamblea para hacerse del control de Private Equity. Pero éstos explican que la asamblea no fue simulada, sino que se celebró y decretó conforme a medidas cautelares dictadas por el juez 36 de lo Civil, Alejandro Rivera Rodríguez que ordenaban su realización sin que nadie la bloqueara, además de que habilitaba el uso de Zoom.
Accendo argumenta, por su parte, que la asamblea fue declarada nula por decreto del juez 63 de lo Civil, Miguel Ángel Robles Villegas, algunas de cuyas resoluciones han sido escandalosas y polémicas. Respecto a ese decreto, los abogados de Cosío Espinosa interpusieron un amparo que está por resolverse, ya que jamás se les notificó del juicio del que resultó su fallo.
Cabe aclarar, por otra parte, que el notario Alfredo Bazúa, quien le dio forma a la supuesta asamblea simulada, nada tiene que ver con litigios de la Cruz Azul ni está sujeto a ningún procedimiento que pudiera afectar su patente, según pudimos corroborar en el Colegio de Notarios.
De ese pleito legal ha surgido información muy delicada, no solamente de los problemas de capitalización del banco, sino de presuntos hechos de corrupción y desfalco. El liquidador designado por la asamblea de Private Equity ha detectado operaciones que involucran empresas fantasma y factureras, a través de las cuales –denuncia- se estuvieron sacando cantidades millonarias.
Tan delicado está el tema que, hace un par de días, la propia Fiscalía de la ciudad de México ordenó al Registro Público de la Propiedad y Comercio el resguardo del folio correspondiente para que la asamblea quede intocada y surta pleno efecto para que continúe sin freno la investigación que se coordina con las autoridades federales.
