El drama humano que avanza desde el sur
SALVADOR GARCÍA
México se ha convertido, en los hechos y especialmente en esta administración, en un país hostil para los migrantes indocumentados. Entre el fenómeno masivo de caravanas migrantes de miles de personas que huyen de sus países (Honduras, Haití, Cuba y Venezuela) y las presiones del gobierno de Estados Unidos para que esos grupos no avancen por territorio mexicano ni lleguen a su frontera sur, la política migratoria de nuestro país se volvió persecutoria contra los migrantes en tránsito, incluidos niños, familias y mujeres embarazadas.
Hoy a los migrantes que pretenden cruzar por territorio mexicano para llegar a Estados Unidos no solo se les persigue, acosa y retiene contra su voluntad en cárceles disfrazadas de Centros Migratorios y en condiciones insalubres, sino que incluso se utiliza contra ellos, cuando oponen resistencia, la fuerza pública con la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración convertidos en una policía migratoria que llega a casos de violencia y brutalidad policiaca que ya cobraron una vida en el sureste mexicano. El domingo, en un camino de Pijijiapan, Chiapas, la Guardia Nacional (GN) disparó en contra de un grupo de migrantes de varias nacionalidades que ignoraron, a bordo de una camioneta, una señal de alto de los militares mexicanos. En respuesta “a una amenaza a su integridad”, dijo la Guardia en un comunicado, los agentes federales dispararon dejando heridos a cuatro tripulantes del vehículo y matando a uno de nacionalidad cubana.
Paralela a esa escena de violencia en la que muere un migrante a manos de la Guardia mexicana, avanza la Caravana de Migrantes de distintas nacionalidades que cumple ya una semana de haber salido de Tapachula y en ocho días solo ha podido caminar 110 kilómetros entre las altas temperaturas, las enfermedades y el cansancio que ocasiona el duro trayecto en los migrantes y el problema de movilizar a cientos de niños y mujeres embarazadas que forman parte del contingente de 3 mil personas que penosa y dolorosamente protagonizan un auténtico drama humano en su intento por llegar a la Ciudad de México para exigir “un trato humano y digno del gobierno mexicano y que les den ya respuesta a sus solicitudes de refugio y asilo”, que llevan meses sin respuesta.
Niños, mujeres y hombres con los pies llagados, deshidratados o contagiados de dengue hemorrágico por las picaduras de mosquitos, casos de Covid no controlados por las autoridades y mujeres embarazadas con amenazas de aborto, son parte de lo que están viviendo día a día este grupo de migrantes que en las últimas horas requirió de al menos 72 atenciones de emergencia de cuerpos médicos y de salud. Y por si todo eso fuera poco, los integrantes de la Caravana son acosados día y noche por miembros de la GN y del INM que, al menor descuido o cuando algunos se rezagan o enferman, los detienen y los regresan al Centro Migratorio Siglo XXI de Tapachula, justo de donde prefirieron huir a la incierta y penosa caminata.
En una semana de este drama humano que se mueve por el sur-sureste mexicano, no ha habido ni una sola mención del presidente López Obrador en sus conferencias diarias o en sus giras del pasado fin de semana justo por el sureste. El dolor y la vulnerabilidad de los migrantes no existen en el discurso presidencial; más bien reaccionaron a esta nueva Caravana desde Texas, donde el gobernador Greg Abbot ya movilizó a sus agresivos Rangers y Policías estatales a su frontera con Coahuila, con la amenaza de que “si se acercan los migrantes los recibiremos con la fuerza y les impediremos pasar a nuestro territorio”.
Mientras el gobierno mexicano, con su discurso de “atender las causas de la migración” y las promesas de llevar programas sociales y empleos a Centroamérica, pretende minimizar e ignorar el grave problema que tiene en lo inmediato con este tipo de fenómenos. Peor aún, la administración de López Obrador ha aceptado, a cambio de reconocimientos y apoyos del gobierno de Joe Biden a sus políticas, una serie de condiciones y acuerdos que claramente le transfieren a México la responsabilidad de frenar, contener y “disuadir”, con la fuerza pública y militar si es necesaria, a los migrantes que intenten llegar en caravanas a la frontera estadunidense para pedir asilo político en el vecino país.