Lozoya pisa la cárcel: el fin del pacto de impunidad
SALVADOR GARCÍA
Una imagen que tardó un año y cinco meses en llegar: Emilio Lozoya Austin, detenido por miembros de la Guardia Nacional, ingresó a la prisión del Reclusorio Norte, luego de que el juez federal le dictara la prisión preventiva oficiosa por riesgo de fuga. 17 meses después de haberlo protegido y privilegiado como su testigo colaborador, la Fiscalía General de la República, en un giro sorpresivo y radical, le retiró el criterio de oportunidad a Lozoya y le pidió al juez modificar la medida cautelar para que se quedara en la cárcel, entre otras razones, por su “provocación” de haber cenado en un restaurante de lujo y no haber mostrado ningún interés en reparar el daño por 7.3 millones de dólares causado al erario federal.
El Lozoya que llegó temprano al Juzgado, en medio de una nube de reporteros y cámaras que lo acosaban y le cerraban el paso, era muy distinto al que el pasado 10 de octubre cenaba Pato a la Pekín en un restaurante de Las Lomas totalmente relajado y con una risa cínica que le costó muy cara. Esa cena fue mencionada por el representante de la UIF en la audiencia, Antonio López, y por el fiscal del caso Manuel Granados, como el principal elemento para presumir una “conducta inapropiada y una provocación” del exdirector de Pemex, además de una muestra de que, al cenar con sus amigos empresarios, tenía una red de personas pudientes que podían ayudarlo a escapar.
Cuando salió esposado del juzgado para ser fichado, consignado e internado en el reclusorio, como cualquier presunto delincuente acusado de delitos graves, era evidente que los días del Lozoya que vivió como príncipe durante el gobierno de Peña Nieto, que aún en su fuga de la justicia se dio vida de rico entre Alemania, Rusia y Málaga, y que con un misterioso y millonario acuerdo con la FGR, negociado por los abogados del despacho del juez Baltasar Garzón en España, había conseguido regresar extraditado a México con todos los privilegios: nunca pisar la cárcel, seguir su proceso en libertad y solo con un brazalete electrónico y acogerse al criterio de oportunidad, habían terminado.
El pacto de impunidad que existió por casi año y medio entre la FGR y el principal involucrado en la corrupción de Odebrecht del sexenio peñista, se hizo añicos. Enojados luego de que el juez Artemio Zúñiga le diera una nueva prórroga de un mes a Lozoya, el fiscal y el representante de la UIF tronaron contra el que fuera “testigo consentido” de la Fiscalía. “Es sabido que se encontraba en un restaurante, no se ajusta al comportamiento de una persona sujeta a proceso penal y, si bien no tiene un impedimento, su presencia en el restaurante es una provocación a las instituciones públicas”, dijo Antonio López, mientras el fiscal Manuel Granados remató: “Su actitud ha sido evasiva, grosera (...) no ha manifestado su intención de reparar el daño y no es posible en esas condiciones un criterio de oportunidad, al no reparar el daño, sólo ha logrado que el proceso se haya alargado de manera injustificada, por eso es que estamos ante una necesidad de cautela muy elevada”.
Desde ese momento Emilio Lozoya se había quedado solo y sin la protección que por 17 meses le dispensó la FGR. Sus abogados, Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas intentaron distintas maniobras y hasta ofrecieron vender propiedades para reparar el daño de 7.3 mdd, pero el juez Zúñiga fue implacable en su fallo: Lozoya Austin merecía desde la primera audiencia del 28 de agosto de 2020 la prisión justificada; hoy por la penalidad de 12 a 35 años por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, y por las redes familiares que tiene dentro y fuera del país, generan la posibilidad de que pueda evadirse de la justicia.
Sus abogados emitieron un comunicado donde dicen que “mantiene su firme colaboración con la FGR” para seguir buscando el criterio de oportunidad que solicitó cuando lo trajeron de España en junio de 2020. Pero era claro que para la Fiscalía ese criterio de oportunidad ya no tiene interés y que, a juzgar por lo dicho por el fiscal Granados en la audiencia, la instrucción de su jefe, el fiscal general Alejandro Gertz Manero fue romper cualquier trato con Lozoya y pedirle al juez que lo mandara a la cárcel para continuar con su proceso bajo prisión justificada.
Está claro que Gertz Manero lanzó un “¡ya basta!” ante las duras críticas que le costó la imagen de Lozoya cenando en aquel restaurante y que el regaño presidencial que recibió por aquellos días el fiscal surtió su efecto. Se acabó el pacto de impunidad, Emilio Lozoya difícilmente saldrá de la cárcel, al menos en lo que resta de este sexenio. No habrá más Pato a la Pekín ni trajes de diseñador para el exdirector de Pemex.
