La Corte, único equilibrio del poder
ÓSCAR BETETA
A cinco días de que comience el cuarto año del gobierno federal, que por décadas fue el de la consolidación institucional y personal del presidente en turno, con el actual, aún están por resolverse los grandes problemas nacionales.
El ofrecimiento discursivo central de AMLO, hecho durante su perseverante empeño por gobernar, tenía como fundamento la necesidad de “serenar” al país, lo que debió haber hecho con base en la conciliación, la concordia, la paz, la justicia y la igualdad en el contexto de la democracia que le permitió acceder al poder, pero la espera de esas acciones continúa.
La frágil situación actual, se refleja nítidamente en el ámbito legislativo, donde debería haber definido y convalidado la idea de Estado que quiere y las decisiones a ejercer desde el gobierno para construirlo.
Es ahí, precisamente, donde más se ven la discordia, el desacuerdo, los errores, el deseo de dominación, los errores y, no pocas veces, la arbitrariedad que, por fortuna, tiene un canal de desfogue en la Suprema Corte, institución mediadora de los más importantes conflictos que se han presentado, esencialmente, entre el Poder Ejecutivo y una amplísima gama de sectores.
En virtud de que los congresistas de Morena han acatado todas las instrucciones presidenciales relacionadas con sus iniciativas y han impuesto su voluntad por la mayoría que forman con los grupos de siempre, legisladores, gobernadores, partidos, organismos autónomos, empresarios y ciudadanos no han tenido otra opción que apelar al máximo tribunal de justicia para preservar sus derechos.
La cantidad de amparos, demandas de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales contra las reformas impulsadas por Morena, imponen récords, abarcan todos los temas y denotan la toxicidad del ambiente que no sólo hace perder tiempo y oportunidades de arreglo a los problemas, sino que los agrava y recrea el enfrentamiento.
De acuerdo con Integralia Consultores, que dirige el ex consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, “…entre el 1° de septiembre de 2018 y el 31 de julio de 2021 se promovieron 32 demandas de acción de inconstitucionalidad, 18 de controversia constitucional y cientos —si no es que miles de amparos— contra decretos expedidos por ambas cámaras del Congreso de la Unión”.
En contraste, en los tres primeros años del gobierno anterior, sólo se promovieron 12 demandas de acción de inconstitucionalidad y no hubo controversias, señala la misma fuente, lo que tal vez significaría la apelación al diálogo, al acuerdo, la negociación y, a como se las gastaba Enrique Peña Nieto, quizás a prebendas para que apoyaran sus iniciativas.
Pero en eso, los tiempos han cambiado en algo. Morena, con sus incondicionales, que seguramente no salen baratos al contribuyente, impone por mayoría de votos las órdenes que recibe. La democracia se torna tiranía por la cantidad de dedos levantados, no de razones, que simplemente son aplastadas.
Ese escenario no parece estar en perspectiva de modificación. Quienes ejercen el poder no sienten esa necesidad. Parecen decididos a seguir en la necedad. Ahí está el decreto para blindar las obras de la 4-T bajo el status de seguridad nacional. Ahí están ya las controversias.
Si el poder constituido no sólo no busca salvaguardar los derechos de la ciudadanía, lo harán quienes, pese a todo, no han dejado de hacerlo; pero ahora, con la inestimable ayuda de la Corte, convertida en la única salvación.
