Ahí viene Maru Pistolas
SALVADOR GARCÍA
En Chihuahua el cambio reciente en el gobierno estatal está sacudiendo al estado y a su clase política. A pesar de tratarse de una transición de poder entre dos panistas, el enfrentamiento y la ruptura entre la actual gobernadora María Eugenia Campos y el exgobernador Javier Corral está definiendo las decisiones de la mandataria que llegó a limpiar todo lo que huela a su antecesor, incluyendo a titulares de otros poderes estatales como el Tribunal Superior de Justicia y de organismos autónomos como la Universidad Autónoma de Chihuahua, dejando sin efecto la división de poderes y el respeto a la autonomía universitaria.
Primero fue la sorpresiva renuncia del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Pablo Héctor González Villalobos, quien el pasado 8 de noviembre, sin dar mayores explicaciones y aduciendo “motivos estrictamente personales”, renunció a la titularidad del Poder Judicial estatal, apenas un mes después de que fuera reelecto para ese cargo. El cambio en el Tribunal se dio apenas dos meses después de que llegó a la gubernatura Maru Campos, quien fuera sometida a proceso judicial por la llamada “nómina secreta” en la que presuntamente recibía dinero del exgobernador priista César Duarte. Y aunque las acusaciones contra la hoy gobernadora siempre fueron de su antecesor Corral, fue González Villalobos el encargado de operarlas en el Poder Judicial.
Y aunque nadie creyó en los “motivos estrictamente personales” del magistrado presidente para dejar la presidencia y continuar solo con la magistratura, lo que más sorprendió fue la designación de la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Chihuahua, la magistrada Miriam Victoria Hernández Acosta, quien asumió el cargo el pasado 12 de noviembre en medio de reconocimientos y celebraciones en la prensa chihuahuense –que ya pasó de ser “corralista” a volverse “campista”— por el tema de género y de ser “la primera mujer en la historia en ocupar la presidencia del Tribunal de Justicia”.
Hasta ahí suena bien, pero nadie reparó en un pequeño detalle: la abogada Hernández Acosta fungió como “testigo” a favor de César Duarte en la Corte de Miami, donde se presentó la hoy flamante presidenta del Tribunal de Justicia de Chihuahua para dar su testimonio sobre la inocencia del exgobernador priista acusado de corrupción, enriquecimiento ilícito y de desvíos millonarios de recursos durante su gobierno, en el juicio de extradición que se le sigue en esa ciudad del vecino país. Pero, además, junto a la nueva presidenta del TSJCH se ha visto a dos exduartistas que fungen como sus asesores y operadores: Gabriel Sepúlveda Reyes, expresidente del Tribunal destituido en 2018 por una reforma legal promovida por los corralistas en el Congreso local, y el magistrado Jorge Abraham Ramírez, detenido en diciembre de 2020 en la Ciudad de México por enriquecimiento y luego amparado por la justicia federal.
Y ¿entonces?, la limpia de la panista Maru Campos en el Poder Judicial local ¿es no sólo para cobrar venganza de quienes la persiguieron sino también para devolverle el Tribunal de Justicia a los duartistas y allanarle el camino de regreso, como inocente, a César Duarte Jáquez, el mismo que, decían, le pagaba dinero en su “nómina secreta”?
Si ya el caso del Tribunal de Justicia confirma que la nueva administración estatal llegó a ejercer el mismo poder autoritario que tanto criticó en el pasado, el viernes se anunció también la renuncia, otra vez “por motivos personales”, del rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Fierro, quien a pesar de faltarle aún más de un año para terminar su periodo y, en medio de un nuevo modelo educativo y pedagógico que implementó en la UACH, anunció su salida. En una sesión del Consejo Universitario ese mismo viernes, el mismo rector Fierro denunció haber recibido “presiones políticas del grupo del PAN” que lo acusó de “ser cercano a Javier Corral” y lo obligaron a renunciar atropellando la autonomía universitaria. En su lugar asumió la rectoría provisionalmente el secretario General, Jesús Villalobos, y se anunció que en agosto del 2022 se nombrará a un nuevo rector.
Así que a dos meses de iniciada su administración está claro que la nueva gobernadora de Chihuahua, cual Pancho Villa, entró disparando a diestra y siniestra en contra de los que la persiguieron y acusaron con el mismo autoritarismo y uso patrimonialista del poder que ahora ella practica en el gobierno. Y está visto, por las “renuncias” y nombramientos mencionados, que la gobernadora tiene la mano pesada y no se va a detener hasta borrar todo vestigio de su antecesor en el estado.
