Espían a defensoras y protegen a perpetradores de masacres
MAITE AZUELA
Durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa se llevó a cabo una de las masacres más terroríficas de nuestra violenta historia. Para quienes no lo recuerden, la simple cifra revela el nivel de la atrocidad: 196 cuerpos en 48 fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas.
Desde el hallazgo en 2011, la entonces Procuraduría General de la República, que debía investigar a los responsables de la masacre, ni la ahora Fiscalía General ha conseguido ningún resultado ni señalado a ningún responsable, pero eso sí, desvió recursos financieros y humanos para investigar a la defensora Ana Lorena Delgadillo, a la perito Mercedes Doretti y a la periodista Marcela Turati.
Específicamente la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada, SEIDO (ahora FEMDO) en 2016 decidió que era de su interés indagar en la vida privada, comunicaciones y agendas de la abogada defensora del caso, una de las periodistas más emblemáticas en la visibilización de desapariciones y la perito que demostraba las negligencias de las investigaciones de la procuraduría para el caso Ayotzinapa. La SEIDO tuvo a bien integrar esta información en un tomo de la investigación de la masacre.
A la pregunta de ¿cuáles eran las demandas que como defensoras hacían en el caso de la masacre de San Fernando?, Delgadillo me responde que exigían identificaciones de restos bajo estándares nacionales e internacionales; investigación efectiva en el caso de la masacre; sanción, garantías de no repetición y reparación integral para las familias; que se investigaran las irregularidades en entrega de restos, delitos y faltas administrativas que ha cometido la SEIDO y servicios periciales en su trabajo de investigación e identificación de restos, por ejemplo, que se investigaran responsabilidades por restos entregados de forma errónea o restos cremados sin que las víctimas lo hubieran consentido y que además constituye un delito porque el cuerpo es evidencia.
Claramente esta defensa resultó incómoda para los perpetradores, la pregunta obligada es: ¿A qué intereses respondía la SEIDO cuando desvió la ruta de una investigación que debía revelar nombres de los perpetradores, pero a cambio, auscultó a fondo la vida de quienes trabajan por que las familias de las víctimas masacradas reciban justicia?
Delgadillo me cuenta que hay acciones que coincidentemente pudieron incentivar la molestia de funcionarios de la SEIDO: 1) a mediados de 2015 la Comisión Forense detectó graves irregularidades en los dictámenes (datos perdidos, retrasos en las notificaciones, cremaciones sin las autorizaciones de las familias, existencia de actas sin investigaciones etc.) Además, habían presentado una solicitud para que los peritos y los AMPF de la SEIDO que habían intervenido en el caso, no participaran en los trabajos de la Comisión Forense. 2) La revista Proceso publicó en agosto de 2015 un reportaje sobre las fosas clandestinas. 3) En ese entonces el Equipo Argentino de Antropología Forense estaba preparando su informe para el caso Ayotzinapa y Marcela Turati hacía investigación periodística del tema. “Algunos servidores públicos de SEIDO que fabricaron la verdad histórica son los mismos que nos investigaron de manera irregular”.
Contrasta la diligencia de la SEIDO para investigarlas en tres meses, con la ineficiencia de una década sin resultado alguno sobre la masacre. “La SEIDO aplicó en contra de nosotras el derecho penal del enemigo. Tuvo acceso a periciales en grafoscopía, solicitudes de información telefónica, información personal, red de sábanas de llamadas y geolocalizaciones en tiempo real. Sin contar con orden judicial, ni notificarles para pedir la información telefónica, pues sólo justificaron su petición argumentando que la investigación llevada a cabo era por secuestro, homicidio y delincuencia organizada”. ¿Gertz Manero sancionará a los responsables?
Su esperanza está sostenida en la intervención de las relatorías y mecanismos de derechos humanos de la ONU, para que inmediatamente se cierre dicha investigación, se retire del caso de fosas clandestinas toda información con la que se les investiga a ellas y se les informe sobre la situación actual de dichas investigaciones. Además, para repararles el daño, piden se tomen las medidas pertinentes para la no repetición de este tipo de hechos en contra de defensores de derechos humanos.
