De las trampas y adicciones de la “chiquillada”
ÓSCAR BETETA
Con una atinada, responsable y fundada resolución, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les quitó una mina de oro, un verdadero botín, a tres partidos políticos; canceló el multimillonario negocio familiar en el que pretendían erigirlos sus líderes, y contuvo la farsa democrática a la que querían jugar, enriqueciéndose con el dinero público que rebasó, en principio, los 150 millones de pesos que recibió cada uno.
La ratificación del acuerdo del INE para que desaparezcan los partidos Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario es una contribución de la mayoría de los magistrados a la observancia de la ley, la democracia, la sociedad y el país, lo cual evidencia que el árbitro electoral es útil, que funciona bien y que, lejos de ser estigmatizado, debe fortalecerse.
Lo que no vieron seis de los siete integrantes de ese cuerpo colegiado en el caso, sólo pudo percibirlo el postulante, Indalfer Infante González, quien defendió su decisión de mantener con vida a uno de esos grupúsculos que la ciudadanía rechazó en las urnas.
Al empeñarse sospechosamente en que a Fuerza por México se regresara el registro, sus compañeros no sólo no estuvieron de acuerdo, sino que, con base en la ley, argumentaron contra lo que llamaron falacias de su homólogo y decidieron lo que a ojos de todos era lo correcto, racional y obligado.
La pretensión de Infante González de que los organismos partidistas extinguidos deberían continuar porque la pandemia y la violencia los afectó y que por eso la interpretación de las leyes debería “ser más flexible y no literal”, tuvo respuesta en sus propios pares.
Felipe Fuentes, José Luis Vargas, Mónica Soto y Felipe de la Mata, coincidieron en que la ley es exacta, precisa y vigente y no se pueden hacer interpretaciones que los lleven a exceder sus facultades. Los privilegios son excepciones que se convierten en desigualdad y la desigualdad conduce siempre a la discordia.
Recalcaron que las agrupaciones simple y sencillamente no presentaron pruebas que acreditaran que la ciudadanía no les dio su voto por las causas que esgrimieron, sino porque su oferta no le resultó atractiva.
La magistrada Janine Otálora expuso: “Aplicar otra interpretación no sólo rebasaría, sino que corrompería el sistema electoral y de principios (…) inaplicar la regla sería inaplicar la Constitución”.
Por su parte, el magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, puntualizó que no existen elementos, datos o hechos probabilísticos para demostrar que la pandemia fue un factor negativo. Contra la curiosa –acaso interesada– visión de Indalfer Infante González, sostuvo que “estamos ante un elemento falaz”.
Así, el Trife acredita que está en favor de la aplicación irrestricta de la ley, que ve por los intereses del electorado y que está en línea con las decisiones del INE; es loable que haya atendido el exhorto que le hicieron un día antes de la crucial decisión, los líderes de todos los partidos para que actuara con rectitud.
