Inegi, por mantener su autonomía
PABLO ICAZA
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la oficina nacional de estadística de México, fue creado en enero de 1983 como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la idea de ser parte fundamental del sistema de planeación democrática contemplada en la Constitución. Posteriormente, se convirtió en un organismo autónomo con la reforma de 2006, pero que solo se concretó hasta que entró en vigor la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica publicada en el DOF el 16 de abril de 2008. Dejó de tener el término “informática” en su denominación, pero se mantuvo la “i” en el acrónimo porque le daba identidad.
La autonomía del Inegi había sido una demanda social para promover la democratización del país, puesto que, al ser antes un organismo dependiente del gobierno, había la presunción de que las cifras podrían ser modificadas o retrasado su anuncio por conveniencia política. Como parte de este proceso, también se le quitó al Banco de México (Banxico) la responsabilidad de medir la inflación, puesto que se consideraba que no era correcto que fuera juez y parte, como responsable de la política monetaria.
El banco central se resistió a perder la facultad de la medición de la inflación al consumidor y al productor y puso como condición que se diera un periodo de transición que culminaría en 2011, para asegurarse de que Inegi lo hiciera adecuadamente. De hecho, Banxico no ha dejado de vigilar al Inegi en esa tarea y en estadísticas de otros rubros.
El asunto viene a colación porque en unos días concluye el periodo del actual presidente Julio Alfonso Santaella Castell, economista formado en el ITAM, con un doctorado en Estados Unidos y que procedía del Banxico. Nombrado por el expresidente Enrique Peña Nieto a finales de 2015. A pocos meses de haber arribado, le tocó enfrentar la crisis de las cifras de pobreza, puesto que por un cambio de metodología y, sobre todo en el trabajo de campo en la Encuesta Nacional de Ingreso, Gasto en los Hogares (ENIGH) y en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) levantados por el Inegi, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) se negó a utilizar dichas fuentes como insumo para medir la pobreza, porque las estimaciones ya no eran comprables con las anteriores.
Santaella quedó atrapado entre la presión del gobierno para mejorar las cifras de pobreza y el reclamo de especialistas y de la opinión pública. Para resolver el conflicto, convocó a expertos internacionales y nacionales para analizar el caso. Organizó un seminario internacional para la medición de la distribución del ingreso y la desigualdad (noviembre 2016), y se creó un comité técnico con la participación de personal de Inegi, Coneval y la academia, de tal forma que se reprocesó la información para no romper la continuidad de las series. A su vez, se establecieron compromisos institucionales para aplicar los protocolos y evitar que se repitieran los errores.
Inegi también tuvo que entrar al quite con otros temas. Las cifras de la llegada de turismo internacional dieron un sorprendente brinco, sobre todo por el segmento fronterizo, con lo que el país avanzó en el clasificador mundial, lo que generó suspicacias. Así, a partir de 2018 se ha hecho cargo de la Encuesta Nacional de Viajeros realizada anteriormente por Banxico, buscando que se concentre en actividades más prioritarias.
Pero tal vez el mayor reto fue hacer el Censo de Población y Vivienda 2020. Si bien el levantamiento concluyó justo a tiempo, el 30 de marzo, cuando se decretó la emergencia sanitaria por la pandemia, se dificultó el trabajo de verificación, pero no impidió el éxito del proyecto gracias a las previsiones tomadas. Así, Inegi pudo dar los principales resultados en enero y en marzo del cuestionario ampliado de 2021, solo dos meses después de lo originalmente planeado.
