México, tierra de asilo
ALEJANDRO ENCINAS
La movilidad humana ha adoptado una nueva dimensión a nivel global. La agudización de las desigualdades, los conflictos políticos, la inseguridad y las violencias, así como los desastres derivados del cambio climático han generado migraciones masivas que se enfrentan a discursos de odio, xenofobia, nacionalismos mal entendidos y discursos conservadores que pretenden anular los derechos humanos de todas las personas en movilidad.
La complejidad y la magnitud de los nuevos fenómenos migratorios han demolido las políticas tradicionales de control y contención migratoria, presentado nuevos retos a los países de tránsito y destino de las personas que buscan una oportunidad que no encontraron en su lugar de origen.
México ha dejado de ser un país de tránsito y expulsión de migrantes a Estados Unidos para convertirse en un país de destino y acogida, por lo que, asumiendo esta realidad, el actual gobierno ha tomado el compromiso de promover una migración ordenada, regulada y segura y, el reto de garantizar los derechos humanos de las personas migrantes estableciendo una política de puertas abiertas, en particular para las personas que viven alguna situación de riesgo o vulnerabilidad en su país de origen, facilitando su integración al desarrollo de nuestro país.
Un ejemplo de esto es el incremento exponencial de las solicitudes de refugio que al cierre de 2021 alcanzó una cifra histórica de 131 mil 448 solicitudes de personas de 110 nacionalidades de todos los continentes, hecho sin precedente, ya que representa un aumento del 86.84 por ciento respecto a 2019. Lo que se suman a las 20,058 personas a quienes se ha reconocido su condición de refugio o con protección complementaria.
Este fenómeno obliga a enfrentar el nuevo paradigma de la política de migración que impone el horizonte multicultural, a fin de garantizar la integración cultural, social y económica a nuestro país de la población migrante y en condición de refugio.
Para lograrlo, se ha fortalecido la vinculación de instituciones públicas con organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil para facilitar la integración de las personas refugiadas, y los trabajos de la Mesa Interinstitucional sobre Refugio y Protección Complementaria, donde se abordan temas de inclusión laboral, educativa, acceso a servicios de salud, identidad y documentación.
La SEP incluyó a los solicitantes de la condición de refugiado y refugiados en la Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a Clases Presenciales de Educación Básica, del ciclo escolar 2021-2022. Se estableció un mecanismo para canalizar directamente a los solicitantes de la condición de refugiado a ofertas de empleo disponibles en la bolsa de trabajo del Servicio Nacional de Empleo.
En diciembre de 2020, en coordinación con Renapo y los gobiernos de Nuevo León y Baja California, la Comar inició la expedición de CURPS temporales para solicitantes de la condición de refugiado. Se han instalado mesas de trabajo para promover la protección e integración de los refugiados a nivel local, en Monterrey, Nuevo León; Tenosique, Tabasco; Tuxtla Gutiérrez y Palenque, Chiapas; Tijuana, Baja California, y Xalapa, Veracruz.
El Estado mexicano seguirá trabajando para cumplir el deber internacional de solidaridad y respeto a los derechos y libertades de las personas migrantes, entendiendo que las políticas tradicionales de control y contención migratoria han fracasado. Ni los muros, ni las restricciones legales, ni la criminalización, estigmatización, ni la xenofobia detendrán los flujos migratorios. Históricamente México se ha asumido como un país de asilo y refugio como muestra clara de su definición política: la reivindicación y protección de los derechos humanos y de las libertades políticas de todas las personas.
