La ruta de Lozoya a juicio oral y 35 años de cárcel
RAÚL RODRÍGUEZ
Emilio Lozoya y su madre Gilda Margarita Austin irán a juicio oral y serán sancionados con 35 y 25 años de cárcel, respectivamente, si nos atenemos al rumbo que tomaron a principios de esta semana sus procesos penales por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
La FGR presentó ya ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, Artemio Zúñiga Mendoza el escrito en el que solicita la apertura de juicio oral contra el exdirector de Pemex, en el que demanda las referidas sanciones, mientras se diluye la posibilidad de que obtenga un criterio de oportunidad, esto es, la calidad de testigo protegido.
Y es que su defensa no lo ha podido conseguir hasta l fecha, pese a las denuncias de soborno que Lozoya enderezó contra el expresidente Enrique Peña Nieto, el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray y otros políticos; y no obstante que ofreció cinco millones de dólares para reparar el daño causado por los cohechos de Odebrecht y la compra a sobreprecio que la petrolera hizo de la planta chatarra Agronitrogenados.
De lo anterior se infiere que las pruebas presentadas por el exdirector de Pemex para avalar sus acusaciones, no han sido suficientes para indiciar a los peces más gordos de su lista de señalados y que solo han dado para proceder contra el hoy preso exsenador panista José Luis Lavalle, el prófugo exdirector de la petrolera, Carlos Alberto Treviño y el excandidato presidencial blanquiazul, Ricardo Anaya quien deberá enfrentar una audiencia de imputación a finales de este mes.
El inicio del juicio oral contra Lozoya por los sobornos de Odebrecht y contra su madre por haber prestado sus cuentas bancarias para recibir el dinero de los cohechos a su hijo, depende aún de lo que se resuelva en una audiencia intermedia en la que el juez Zúñiga Mendoza determinará su procedencia, con base a las pruebas que presenten la defensa del acusado y el Ministerio Público Federal.
Otra señal del endurecimiento del fiscal Alejandro Gertz Manero en este caso emblemático del combate a la corrupción del actual gobierno, fue enviada ayer desde la FGR al conocerse que presentó una demanda de extinción de dominio contra Lozoya, para quitarle su residencia de Lomas Bezares, valuada en 3.4 millones de dólares y presuntamente comprada con los sobornos que recibió para que autorizara la compra de Agronitrogenados.
Se revierte, pues, el trato de privilegio que Emilio Lozoya recibió desde su extradición a México el 17 de julio de 2020 hasta el cambio de la prisión domiciliaria a encarcelamiento el 3 de noviembre de 2021, luego del escándalo que provocó el que se le haya visto cenando en un restaurante de lujo de la CDMX.
Todo apunta que este 2022 veremos condenado a varios años de cárcel a quien es un icono de la corrupción del gobierno de Peña Nieto. Lo contrario, a estas alturas, sería un escándalo imperdonable para la 4T.
Por cierto, el 2022 inicia para quien esto escribe con un nuevo reto profesional que me lleva, para no incurrir en un conflicto de interés, a suspender por el periodo de ese encargo.
A lo largo de casi cinco años y 570 entregas, esta columna mereció la generosa aceptación del público lector, a veces con coincidencias y muchas otras con críticas, pues de eso se trata la libertad de expresión. Y siempre contó con el respaldo respetuoso de la directiva del Gran Diario de México.
Por eso no tengo más que agradecimiento con su Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración, licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz; su Vicepresidente Ejecutivo y Director General, Juan Francisco Ealy Jr.; su Director General Editorial, David Aponte Hurtazo; su Director Editorial, Carlos Benavides; su Subdirector Editorial, Esteban Román, y su Editor de Opinión, Carlos Morales Amaya.
Mi expectativa, que ojalá sea posible, es la de regresar a las páginas de este gran periódico, una vez cumplido el reto que hoy emprendo.
