El SAT pelea ‘quita’ en caso Azcárraga
MARIO MALDONADO
El último round por los mil millones de pesos de Carmela Azcárraga Milmo se libra esta semana en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), donde ahora el SAT de Raquel Buenrostro presiona a los magistrados para reducir en dos terceras partes el monto de devolución de ISR que ordenó en 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De acuerdo con la información a la que tuvo acceso esta columna, en los últimos días del año pasado Buenrostro sostuvo una reunión privada con el presidente del órgano jurisdiccional, el magistrado Rafael Anzures, en la que lo conminó a ejecutar la orden de devolución sin considerar los recargos y actualizaciones que establece la ley.
Esto significa que los 339 millones que se cobraron indebidamente como ISR en el gobierno de Felipe Calderón por la venta de acciones de la firma Acotel, hoy están convertidos en un monto de mil 25 millones de pesos, de acuerdo con los artículos 22 y 22-A del Código Fiscal de la Federación, que establecen el cobro de intereses y actualizaciones.
El Código Fiscal establece que la cantidad deberá multiplicarse por un factor de actualización del Índice Nacional de Precios al Consumidor de 1.8033, ya que este indicador pasó en 14 años de una proporción de 69.0491, en 2007, a 117.308, según el último reporte del IPC de diciembre de 2021.
Dicha operación arroja una cifra actualizada de 611 millones de pesos que, al sumarse a intereses acumulados por 414 millones, dan como resultado esa cifra total de devolución que el SAT se niega a aceptar, pero que tendrá que pagar como consecuencia de las omisiones legales de los gobiernos de Calderón y de Enrique Peña Nieto.
Se espera que el asunto, radicado en la Segunda Sección de la Sala Superior del TFJA, que preside la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, esté definido esta misma semana, pues, como lo adelantamos en este espacio, la orden para ejecutar la devolución de la Corte llegó desde el pasado 12 de diciembre, con tres días hábiles para su cumplimiento, que se extendieron hasta estas fechas por el periodo vacacional.
El encargado de elaborar el proyecto para ejecutar la devolución es el magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, quien estuvo involucrado en el proceso que llevó este asunto hasta la Corte y fue responsable del regaño que los ministros emitieron contra el propio tribunal, por actuar de manera parcial en favor de las autoridades hacendarias.
La resolución de Jiménez Illescas tendría que ser acorde a los términos del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que lo obliga a precisar con claridad la forma y los términos en los que la autoridad, en este caso el SAT, debe cumplir la sentencia, incluyendo el cálculo de actualizaciones e intereses.
Se sabe que una de las peticiones específicas de Raquel Buenrostro al magistrado Rafael Anzures fue que no especifique en la resolución el cumplimiento de los artículos del Código Fiscal correspondientes a la actualización de la cifra; el problema, le dijo el magistrado, es que esa ejecución iría en contra de las jurisprudencias que ha establecido el propio tribunal y que han marcado la pauta de todas sus resoluciones.
Adicionalmente, el tema resulta una trampa y una contradicción para la jefa del SAT, pues en la cruzada que ella ha emprendido contra los empresarios y particulares que adeudan impuestos al fisco, siempre pone por delante el factor de actualización de las cifras, para llevar multimillonarias cantidades a las arcas del gobierno. El caso se debe resolver esta semana.
