¿Uno o dos objetivos para un banco central?
PABLO ICAZA
Cuando se abre la página web del Banco de México (Banxico), aparece una gran leyenda que dice: “El objetivo prioritario del Banco de México es mantener una inflación baja y estable”, que en realidad es un planteamiento más claro que lo que dice el Artículo 2 de su Ley, que es procurar el poder adquisitivo de la moneda nacional.
En contraste, el sitio de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, señala, traducido al español, que “La Reserva Federal, el banco central de Estados Unidos, provee a la nación con un sistema monetario y financiero seguro, flexible y estable”. Adicionalmente, en un documento explicativo describe que su desempeño se basa en cinco funciones generales para promover la efectiva operación de su economía, y más en general, del interés público.
Esto es, se ha interpretado que la Fed, que no es propiamente un banco central, sino un sistema, tiene dos objetivos: mantener la inflación baja y estable, y, promover el crecimiento y el empleo. Cabe comentar que ha habido varios intentos de legisladores más ortodoxos y conservadores de regresar al objetivo primario de centrarse sólo en la inflación, mismos que no han prosperado.
Los comunicados del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) desde hace más de dos décadas suelen hablar de los balances de riesgos, destacando si hay presiones inflacionarias y por qué motivos, así como de la actividad económica para la toma de decisiones sobre las tasas de interés o sobre medidas que influyan sobre liquidez en el sistema monetario.
Este estilo de comunicación ha sido replicado por Banxico desde hace algunos años, tratando de mejorar la claridad en la toma de decisiones de su Junta de Gobierno sobre la tasa interbancaria, pero también en los informes trimestrales, que han ido incorporando investigaciones económicas más profundas en los recuadros.
Quienes son partidarios de que el objetivo de Banxico debe ser sólo controlar la inflación se basan en la premisa de que ésta es básicamente un fenómeno monetario y en la vieja regla de política económica de que debe haber para cada objetivo sólo un instrumento.
En el caso de México, la experiencia negativa de haberse usado al banco central para que el gobierno federal financiara su déficit generó la prohibición expresa de que se le otorgara crédito. Por eso, en el estado de cuenta semanal ese renglón aparece en ceros desde hace años, así como el impedimento legal de que se puedan usar las reservas internacionales para financiar gastos. Estos dos aspectos son los pilares de la autonomía, de los cuales se han hecho algunos intentos recientemente para modificarlos.
Sin embargo, de allí a que a los bancos centrales no les interesen los efectos de la política monetaria en el crecimiento, es muy distinto. Cuando se desencadenó la profunda recesión por la pandemia, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a los bancos reducir agresivamente las tasas de interés, ofrecer liquidez de manera extraordinaria y aplicar treguas en el pago de intereses; por el lado fiscal, recomendó mayor gasto, postergaciones en el pago de impuestos y apoyos de emergencia a los hogares, dependiendo del margen de deuda que tuviesen los gobiernos.
En el caso mexicano hubo una baja importante de tasas de interés. La interbancaria de un día pasó de 8.25% en febrero de 2019 a 7.25% en febrero de 2020, para luego bajar más aceleradamente a 4.0% un año después; incluso, siguió descendiendo cuando la inflación al consumidor ya comenzaba a registrar una tendencia ascendente.
Sin embargo, en la parte fiscal, México fue de las naciones que menos apoyos proporcionaron y, por ende, se reflejó en la fuerte caída del PIB en 2020 (-8.2%) y que el rebote el año pasado haya sido de sólo 5.0%, con una destrucción importante de la estructura productiva y de empleos formales y permanentes, como lo ha documentado el Inegi en los estudios sobre la demografía de los negocios (el último del 21 de diciembre). El FMI sólo reportó apoyos económicos equivalentes a 0.7% del PIB por Covid-19, contrastando con los países de la región latinoamericana, a pesar de que tenía mejores condiciones para otorgar mayores apoyos.
Tampoco se trataba de que los gobiernos no consideren las condiciones inflacionarias ni respeten la autonomía de los bancos centrales. El caso de Turquía es emblemático, al ser destituidas las autoridades del banco central que se negaban a bajar las tasas de interés para estimular el crecimiento, lo que provocó una depreciación de la lira y el disparo de la inflación a 36% en diciembre de 2021, generando una crisis económica.