Evitar el secuestro del Estado
ÓSCAR BETETA
No hay duda. Ahí están los datos. Provienen de fuentes confiables. Son incontestables. Lo que revelan es claro e inobjetable: con el amplio dominio que tiene en el territorio nacional, el manejo de innumerables actividades económicas y administrativas, la imposición de sus condiciones a la población y a no pocas autoridades apelando a la extorsión, el chantaje, la amenaza y la violencia, que pueden llegar siempre a la muerte, en México impera ya, instalado a sus anchas, un Estado criminal.
Los delitos que componen esa realidad, como asesinatos, secuestros y violaciones, son frecuentes y condenables en sí mismos; pero rigen vinculados a otras modalidades que han dejado a la sociedad en el total desamparo y, lo peor, con pocas o sin ninguna esperanza de que el fenómeno se revierta. A este momento, no podría esperarse que el gobierno intente hacerlo.
La Coparmex, que aglutina a miles de empresarios, hizo públicos hace unos días los últimos registros sobre la extorsión: cada hora, señaló, hay una víctima de ese delito, lo que representó nueve mil 407 en 2021, con el agravante de que sólo uno de cada 99 casos es denunciado. La cifra negra debe ser pavorosa. El incremento alcanzó 12.3% en comparación con el año pasado, lo cual desmiente el discurso oficial de que la inseguridad ha bajado.
“…Comparando los primeros 37 meses de los últimos cuatro sexenios, la administración actual ha sido la que mayor cantidad de carpetas de investigación abiertas tiene por denuncias de extorsión”, aseguró José Medina Mora, líder de la Coparmex.
¿Cómo, en ese ambiente, en el que empresas y ciudadanos se saben expuestos a la extorsión y a cualquiera otra agresión, se puede decir que en México priva el Estado de Derecho? ¿Cómo, con tantos riesgos, permanentes y crecientes, el capital puede tener confianza para invertir? ¿Cómo, con la amenaza siempre presente, la sociedad puede vivir en paz?
Cuando una corporación llega a cobrar una fuerza enorme, suele decirse que ha surgido un Estado dentro de otro Estado, lo que significa que aquel rivaliza en presencia, funciones y capacidades con éste que, empero, sigue siendo hegemónico y lucha no sólo contra su oponente, sino por salvaguardar a la ciudadanía.
En el caso mexicano, ese esquema quedó superado. Incuestionablemente, el Estado ilegal se ha sobrepuesto al Estado legal; éste, lastimosamente, le ha cedido un enorme poder al tolerarlo, ya sea por incapacidad, ya sea por complicidad de algunos de sus integrantes. En algunos casos, se ha visto cómo los límites entre el poder criminal y el poder legalmente constituido han desaparecido.
¿Qué defensa tiene, qué esperanza puede tener la población frente a ese poder, que suele actuar conjuntamente, en connivencia, apoyado en lo lícito y lo ilícito, contra quien sea que le represente un interés o un obstáculo?
Haber flaqueado ante la delincuencia, consentir su deplorable actuación con base en las armas, la violencia y la transgresión continua de la ley, es un error gravísimo que ya refleja elevadísimos costos.
Y para volver atrás, pareciera que no hay poder, ni voluntad, ni tiempo; al menos que todo cambie en dos años…
