Ricardo Gallardo, otra vez en el ojo del huracán
MARIO MALDONADO
Las denuncias que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda contra el hoy gobernador Ricardo Gallardo Cardona, por el delito de lavado de dinero, apuntan a reactivarse y podrían judicializarse pronto en la Fiscalía General de la República (FGR). El representante del Partido Verde cumplió ya 130 días como titular del Ejecutivo en San Luis Potosí, con fuero y todavía sin llevarse al Congreso un proceso de declaración de procedencia.
Fue el 14 de agosto de 2020 cuando la oficina entonces encabezada por Santiago Nieto llevó ante la Unidad de Documentación y Análisis de la FGR el oficio No. 110/276/2020, con el que se presentaba la denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito contra 20 personas morales y 19 físicas, encabezadas estas últimas por el propio Gallardo Cardona y su padre Ricardo Gallardo Juárez.
Casi un mes después, el 9 de septiembre, la misma información contra el hoy mandatario, sus familiares y sus empresas, se presentó mediante oficio No. 110/305/2020 ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de María de la Luz Mijangos, luego de que la primera querella, dirigida al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, no mostraba indicios de movimiento.
Las denuncias de la UIF describen detalladamente un esquema por el que se desviaron 724.6 millones de pesos de recursos públicos provenientes de los municipios de Soledad Graciano Sánchez y San Luis Potosí, los cuales fueron gobernados en diversos periodos, entre 2012 y 2019, por José Ricardo Gallardo Cardona y su padre Ricardo Gallardo Juárez, respectivamente.
Los recursos fueron enviados a tres personas morales, identificadas con los nombres de Clínica de Especialidades Wong, SA de CV; Grupo Axioma Kusuri SA de CV, e Investigaciones Médicas El Potosí, las cuales, a su vez, realizaron diversas transacciones financieras con la finalidad de hacer llegar esos recursos a otras compañías cuyos accionistas se identifican como miembros de la familia Gallardo Cardona.
Entre las firmas identificadas como propiedad de los Gallardo se encuentran Distribuidora Gallardo SA de CV; Gallardo Continental SA de CV; Inversión Creativa Desarrollos Inmobiliarios SA de CV; Tangamanga Continental SA de CV, e Inmobiliaria Joriga SA de CV. Los accionistas identificados de estas empresas, además del propio gobernador potosino, son María del Pilar Cardona Reyna (madre) y Kimberly Guadalupe Gallardo Cardona (hermana).
En total, se identificó un lucrativo negocio familiar que replicaron en sus respectivas administraciones municipales padre e hijo, y que con el paso del tiempo se iba realizando cada vez con menor cuidado, al grado de justificar las millonarias transacciones con contratos entregados a empresas que no contaban con el personal o con los insumos necesarios para prestar los servicios; se trataba de entidades empresariales identificadas como fantasma por el SAT. Precisamente en la coyuntura actual, que apunta a una menor recaudación fiscal y menores ingresos presupuestarios, es que se buscan reactivar los expedientes contra Gallardo y su familia.
Con toda esta evidencia en la mano, la Fiscalía General de la República y su brazo especializado en anticorrupción ahora sí buscarían actuar tras haber permitido que Gallardo participara en las elecciones de 2021, y que tomara posesión como gobernador.
Si bien el ahora mandatario venía de una curul en el Congreso de la Unión, entre el 1 de septiembre de 2021 y el 26 de ese mismo mes, que fue su toma de posesión, se abrió una ventana de oportunidad para ejercer la acción de la justicia, sin lo complejo que en estos casos representa eliminar la protección constitucional.
El caso Gallardo, dicen quienes lo han seguido y denunciado, es el resultado de una negociación que se cristalizó en la CDMX: un poderoso Héctor Serrano dejaría sus estructuras a Claudia Sheinbaum, a cambio de inmunidad judicial para su aliado y, de paso, una gubernatura en un estado un poco más al norte del país.
