La tragedia de la Guardería ABC y la impunidad del calderonismo
SALVADOR GARCÍA
La tarde del 5 de junio de 2009, a las 2:40 pm hora del Pacífico, las llamas empezaron a propagarse por una antigua bodega industrial habilitada como guardería infantil por particulares que brindaban servicios subrogados al Instituto Mexicano del Seguro Social. En cuestión de minutos el fuego comenzó a consumirlo todo y los gritos desesperados de las cuidadoras que trataban de salvar a los niños, se mezclaban con los llantos asustados y angustiados de pequeños desde meses hasta los 5 años de edad, mientras los intentos por salvar a los menores se entorpecían porque el edificio, que no contaba con salidas de emergencia, se convertía en una trampa mortal.
Las imágenes de aquella tarde en la capital sonorense le dieron la vuelta al mundo: niños quemados y desfigurados, cuerpos carbonizados de bebés que eran sacados de entre los escombros y los llantos desconsolados de padres y madres trabajadores que no podían entender cómo sus hijos terminaron muertos o con la mayor parte de su cuerpo quemado justo en el lugar en el que, ellos confiaban, estaban seguros y cuidados mientras ellos se dedicaban a trabajar: la Guardería ABC. Fue con mucho la peor tragedia que haya vivido el IMSS en su historia y uno de los accidentes fatales más dolorosos que se recuerden en la historia del país con 49 niños muertos y más de 100 heridos con quemaduras en su cuerpo y algunos con secuelas de por vida.
13 años después de aquellos hechos, los ecos de la Guardería ABC vuelven a resonar en la política nacional. Los señalamientos vertidos por el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien el martes, durante la presentación de su libro “Autobiografía Jurisprudencial”, volvió a mencionar las presiones políticas que sufrió del presidente Felipe Calderón en 2010 para modificar su proyecto de sentencia sobre lo ocurrido aquella tarde de junio en Hermosillo y la existencia de una “operación de Estado” para descalificar su investigación, su deslinde de responsabilidades que inculpaba a altos directivos del IMSS por “delitos políticos” y, sobre todo, para “proteger a la familia de la señora Margarita Zavala”, esposa de Calderón y primera dama de la nación.
Aunque las acusaciones del ministro Zaldívar no son nuevas y ya las había mencionado en 2019 poco después de asumir la Presidencia de la Suprema Corte, en esta ocasión sus señalamientos tuvieron una respuesta directa de la diputada Margarita Zavala y del entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Zavala contestó con un mensaje en su cuenta de Twitter con un desmentido en el que negó que ninguna autoridad hubiera buscado a los padres de los niños de la Guardería, que hubiera habido una operación para proteger a su familia y acusó al ministro de decir “ocurrencias” y de haber utilizado recursos públicos para presentar su libro.
Por su parte Fernando Gómez Mont, entrevistado por este columnista en el noticiero de “A la Una” por el Heraldo Radio, rechazó haber presionado o amenazado al ministro Zaldívar y aseguró que su proyecto de la Guardería ABC era “desproporcionado y proponía acusaciones y delitos que violentaban el orden legal y constitucional”, por lo que al final fue rechazado por la mayoría de ministros. Afirmó que en su trayectoria como abogado litigante y funcionario siempre ha defendido argumentos jurídicos y legales y acusó al presidente de la Corte de estar “alineado a un proyecto político” como el de la 4T, violentando totalmente la autonomía de su cargo.
Aunque la polémica hoy es interesante, no deja de resultar meramente anecdótica, pero también revive una actuación polémica del gobierno de Felipe Calderón ante aquella dolorosa tragedia en la que, si bien el entonces presidente y su esposa se presentaron un día después de los hechos ante los padres de los niños muertos y heridos en Hermosillo y les ofrecieron que habría justicia contra los culpables de la muerte de sus hijos, además de apoyos para más de 100 pequeños heridos, lo que vino después fue un calvario para los padres y sus hijos que pasaron años en las calles exigiendo castigo a los responsables, mientras desde el gobierno federal se protegía a los altos directivos del IMSS que firmaron los permisos de aquella guardería irregular, como el fallecido Juan Molinar Horcasitas, y solamente cesaban a funcionarios de nivel directores y delegados estatales.
La promesa de justicia de Calderón nunca se cumplió a cabalidad. La prima de Margarita Zavala, Matilde Gómez del Campo, dueña de la Guardería ABC y concesionaria del IMSS, nunca fue llevada a proceso ni por instancias federales ni estatales; para el 2012 cuando terminó el sexenio calderonista, solo había funcionarios menores tanto del IMSS, como del gobierno estatal y del municipio, detenidos y fue hasta 2016 cuando el Juez Primero de Distrito del Estado de Sonora, impuso condenas de prisión de entre 20 y 29 años a 19 implicados en el caso, entre los que están la Jefa del Departamento de Guarderías del IMSS; el delegado del IMSS en Sonora; la representante legal de la Guardería ABC; el director de Protección Civil de Hermosillo; el director de Bomberos municipal y su jefe de Departamento; el titular de Protección Civil Estatal; el director de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento; el director General de Recaudación estatal junto al subdirector de Control Vehicular, además de empleados de Control Vehicular y de la Agencia Fiscal del Gobierno de Sonora.
