La primera semana de labores de la COP27 se resume en que no hubo sorpresas, a pesar del complejo contexto mundial en que están ocurriendo varias crisis simultáneas (sanitaria, alimentaria, inflacionaria, energética y climática), que se agudizaron por la invasión de Rusia a Ucrania y las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos. Es una buena noticia que la Conferencia se haya mantenido concentrada en su agenda sustantiva de mitigación de emisiones de gases efecto invernadero (GEI), planes y programas de adaptación al cambio climático, (fundamentales para los países más vulnerables al cambio climático, como México), y el tema siempre presente, y cada vez más acuciante, del financiamiento.
Como se esperaba, hasta ahora el tema que más ha atraído la atención ha sido el de las “pérdidas y daños” (losses and damages) sufridos por pequeños y medianos países pobres, a raíz del cambio climático, especialmente pequeñas islas ubicadas en los océanos del mundo, y naciones como Pakistán, que sufrieron este año graves inundaciones. Es un tema muy ligado a la justicia que debe prevalecer en materia climática, porque los países que menos han contribuido al calentamiento global son los que están sufriendo más sus consecuencias.
La demanda de estas naciones es sencilla: los países responsables del cambio climático, que son los grandes emisores de GEI (Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Japón, Corea, China, India, Brasil, Indonesia, México) deben compensarlos económicamente por los graves daños que les han causado. Concretamente, piden que se establezca un nuevo fondo global especial para ayudarlos a enfrentar las pérdidas y daños a su infraestructura, a su producción alimentaria y sus poblaciones.
Hasta ahora la respuesta de los países desarrollados ha sido la esperada: una total negativa a aceptar una obligación legal de compensación o indemnización y a establecer un nuevo fondo global para compensarlos. John Kerry, Enviado Especial del Presidente Biden sobre el Clima afirmó: “Para un grupo muy grande de países, eso simplemente no va a ocurrir”. Los países desarrollados subrayan que ya existen varios fondos globales ambientales a los que los países con daños pueden recurrir. No obstante que se trata de un tema muy sensible, una negociación es posible, y al final de la Conferencia quizá se pueda alcanzar una solución de compromiso.
Este tema, en todo caso, se inscribe en el asunto más amplio del financiamiento, que siempre ha sido clave en las COP. Los países desarrollados no han cumplido su promesa, formulada desde 2010, de movilizar 100 mil millones de dólares anuales hacia los países en desarrollo para ayudarlos a enfrentar sus necesidades de mitigación de emisiones y adaptación. Los desarrollados afirman estar muy cerca de alcanzar ese número mítico, y citan estudios de la OCDE, pero los países en desarrollo dudan de la objetividad de dichos estudios y, al menos hasta ahora, por increíble que parezca, no ha sido posible acordar una metodología común para medir esos flujos y encargarle a las Naciones Unidas la elaboración del estudio correspondiente.
Pero hoy esos 100 mil millones de dólares se vislumbran como una pequeña gota en un inmenso mar de necesidades reales de financiamiento para facilitar la transición energética hacia energías no contaminantes. Según los cálculos de BlombergNEF, a nivel global, se requerirán 114 trillones de dólares hasta el año 2050 para financiar dicha transición. Por su parte, la Agencia Internacional de Energía calcula que se requieren al menos cuatro trillones de dólares, al año, para cubrir las necesidades de financiamiento.
Eso explica que en la COP27 algunos gobiernos estén lanzando nuevas propuestas de esquemas de financiamiento para la transición energética, para construir nuevos sistemas de transporte sostenibles, o la transformación de los sistemas alimentarios. En el fondo, se trata de lograr una transformación total de las formas en que nuestra civilización produce y consume, para evitar el desperdicio, desvincular el crecimiento económico de la explotación no sostenible de los recursos naturales, evitar la destrucción del medio ambiente del planeta y, al mismo tiempo, proporcionar empleos, ingresos y bienestar a los ocho mil millones de personas que ya habitamos la Tierra.
México anunció en la COP nuevas metas de reducción de emisiones de GEI. En conferencia de prensa junto al Enviado Especial de Estados Unidos, John Kerry, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que la nueva meta es de reducir 35 por ciento las emisiones en los próximos ocho años, hacia 2030. Es una meta muy ambiciosa. Implica reducir 13 por ciento más que la meta anterior del gobierno de 22 por ciento, y que fue muy criticada por expertos y organizaciones de la sociedad civil por su falta de ambición, y 5 por ciento más de reducción a la meta que había anunciado hace sólo unos días la SEMARNAT, el 7 de noviembre, que era de 30 por ciento. Hay que darle la bienvenida al anuncio, que reposiciona a México en el escenario global sobre cambio climático. Habrá que darle seguimiento para ver la forma en que se logra este importante compromiso internacional.
POR MIGUEL RUIZ CABAÑAS
