En México la violencia, la corrupción y la impunidad se viven todos los días del año. El primer día de 2023 inició con una masacre ocurrida durante una fuga masiva en el Cereso estatal en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde personas relacionadas con el crimen organizado consiguieron introducir armas largas con las que se sometió y quitó la vida a 10 custodios de ese centro penitenciario. Mientras que en la ciudad se suscitaron eventos violentos y disturbios con los que se pretendió ocupar a las autoridades, vehículos accedieron a las inmediaciones del lugar para recoger a los miembros que consiguieron escapar.
Desafortunadamente, no se tratan de eventos aislados, hace apenas un mes de un intento de toma de instalaciones y fuga similar hizo estremecer Zacatecas. Nos habla no sólo de las profundas carencias del sistema penitenciario nacional sino de la volatilidad con la que pueden ocurrir en diferentes puntos del país, convirtiéndose en auténticos polvorines en espera de estallar.
Las condiciones penitencias en el país son, en general, muy malas. De acuerdo con la CNDH, en uno de cada tres de los más de 300 centros de reclusión, prevalecen condiciones de autogobierno, en donde las poblaciones de internos controlan la estructura, organización y funcionamiento. De igual forma, el INEGI observa otros factores que inciden en la formulación de violencia como lo son el hacinamiento, sobrepoblación, la falta de higiene, las enfermedades y la corrupción, como las principales causas.
Alrededor de la mitad de las personas que habitan estos lugares dicen ser víctimas de violencia en todos sus niveles y contextos, y cerca del cuarenta por ciento haber sufrido violencia por par de las autoridades penitenciarias y la cuarta parte dicen sentirse inseguras dentro del centro penitenciario.
Por otra parte, la persona privada de la libertad debe tener dinero si se desea tener visitas conyugales o acceso a bienes y servicios básicos como agua potable, alimentos, medicinas, camas, etcétera. Casi la totalidad de las personas privadas aseguran que se tienen que pagar por bienes, servicios, beneficios o permisos, de los cuales casi el noventa por ciento menciona haberlo entregado a los mismos custodios.
¿Qué se está haciendo para corregir estas cifras alarmantes? Los recortes presupuestales, las omisiones y la corrupción juegan un rol fundamental para el deterioro precipitado de las condiciones de vida dentro de los penales e imposibilitan cualquier intento de rehabilitación social, si es que se tiene contemplado, y hacen de estos lugares un caldo de cultivo perfecto para el reclutamiento para el crimen organizado que hoy controla las calles del país.
