La reforma a la ley del “Sólo sí es sí” provocó una tormenta política en España, pero lo más lamentable es una creciente frustración entre las víctimas de agresiones sexuales: hace cinco meses entró en vigor y ya ha otorgado 400 rebajas de condenas.
Oficialmente se llama Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, aunque es más conocida como la ley de “Sólo sí es sí” y su función es castigar las agresiones sexuales contra las mujeres en España. El origen de la reforma se remonta al caso de La Manada, de 2016, como se hacía llamar un grupo de WhatsApp en el cual interactuaban cinco hombres que ese año abusaron sexualmente de una joven de 18 años, durante las fiestas de San Fermín, en Pamplona.
“Sólo sí es sí” hace referencia a uno de los postulados más importantes de esa ley, y de los más controvertidos: el consentimiento antes de cualquier interacción sexual. Señala: “Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”.
Es decir, las conductas sexuales sin consentimiento se considerarán agresiones y se castigarán con diferentes penas de acuerdo con las circunstancias y los agravantes. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reconoció los efectos negativos que provoca la reforma, por la reducción de castigos a agresores y prometió enmendarla.
Esa crisis o defectos de la nueva ley está provocando una ruptura en la alianza política de gobierno entre Podemos y el PSOE (del Presidente). La ministra de Justicia, Pilar Llop, defendió la necesidad de sacar adelante este cambio normativo, aseguró que es “sencillo” demostrar que ha habido violencia o intimidación en una agresión sexual porque “con una herida” ya se acredita, provocando el enojo de los militantes de Podemos, que creen es tomarlo muy a la ligera.
El Ejecutivo es consciente de que no puede parar este proceso, porque los condenados pueden acogerse a la versión de ley actual, ya en vigor, por mucho que se modifique, pero ha decidido hacer cambios para “resolver a futuro los problemas detectados”.
Hoy, esa ley reformada conlleva a penas de uno a cuatro años de prisión por agresión sexual sin violencia; con violencia pasa de dos a ocho años; de cuatro a 12 si hay penetración sin violencia, y de seis a 12 años de cárcel con penetración con violencia. Pero el nuevo parche recupera la horquilla de penas, de uno a cinco años para las agresiones sexuales sin penetración y de cinco a 10 años con violencia, según el Código Penal en 2010.
Violación con penetración de seis y 12 años; con violencia, 12 a 15 años. Las condenas suben cuando hay agravantes. En el plano psicológico, el impacto para las víctimas puede ser muy alto, debido a que los victimarios pueden conseguir su libertad más rápido, y lo que es peor: reincidir provocando a las víctimas cuadros altos de estrés, entre otros muchos efectos.
La reforma más bien parece una medida contraproducente que deja más vulnerable a las víctimas o no se ha podido explicar y aplicar de manera adecuada.
