La investigación sobre los contratos obtenidos por Genaro García Luna en la Ciudad de México, apuntan a un escándalo que salpica tanto a Miguel Ángel Macera, como a quien fue beneficiario del amiguismo como procurador, Rodolfo Ríos Garza.
Son cuatro órdenes de pago por el mismo número de contratos celebrados entre 2016 y 2017, por un monto cercano a los 58 millones de pesos que se encuentran bajo investigación de acuerdo lo informado por la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum.
La información que estaba en poder del gobierno capitalino fue ya entregada a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que engrosa un de por si amplio expediente ante las bajas expectativas respecto al desenlace del caso contra García Luna que se desarrolla en una corte neoyorkina.
A diferencia de la acusación estadunidense, el caso mexicano se ha centrado en una red de corrupción política que habría beneficiado al “súper policía” del gobierno de Felipe Calderón, con una intensa facturación en el período posterior a dejar el cargo. Lo habría hecho a través de numerosas razones sociales, 44 empresas para ser precisos, con las que sustrajo de las arcas públicas unos 745 millones de pesos.
El pasado jueves 9, el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, adelantó parte de la información mencionada, mientras que la jefa de gobierno la expuso el viernes 10, tres días antes de que concluyan las diligencias del juicio contra García Luna en los Estados Unidos.
Naturalmente, el caso por el monto de los 745 millones puede verse adelgazado debido a problemas de prescripción. Considerando que los delitos graves de los servidores públicos así como de particulares vinculados a los delitos, prescriben en siete años conforme a la legislación aplicable hasta 2020, la información dada a conocer por Sheinbaum coloca al límite pero con
posibilidad de judicialización el asunto de los 58 millones.
De prosperar el asunto, independientemente de lo que ocurra con García Luna en Estados Unidos, el caso mexicano tiene relación directa con el gobierno de Miguel Ángel Mancera, hasta ahora intocado tras su perniciosa gestión en la jefatura de gobierno que desempeñó todavía bajo una relación de supra-subordinación con la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX).
En dicho cargo Mancera designó a un hombre de toda su confianza, como lo fue Rodolfo Ríos Garza, cuya carrera se desarrolló principalmente a su lado desde los tiempos de litigante en el despacho León, Moreno, Mancera y Asociados, lo siguió como secretario particular hasta 2010 en la PGJDF, luego como coordinador de asesores y, finalmente, como su propuesta aprobada a procurador en 2012.
Los años de Ríos Garza fueron escandalosos, entre otros motivos por la forma en la que sus fiscales persiguieron a dirigentes sociales, algunos ligados al lopezobradorismo; también por casos emblemáticos plagados de irregularidades como la desaparición y asesinato de los 12 del bar Haven, el multihomicidio en la Narvarte y por los feminicidios tratados con tacto de paquidermo desde la procuraduría, destacadamente, en el caso de Lesby Osorio.
El mancerista Ríos Garza, dejó la procuraduría en junio de 2017. Precisamente el año en el que se emitió la última de las cuatro órdenes de pago a GLAC Security Consulting Risk Managment, una de las 44 firmas con las que operó García Luna, que según el objeto facturado, realizó un diagnóstico de capacidades en la Fiscalía Especial de Investigación Antisecuestro.
Ese es el servicio que se encuentra bajo investigación para ver si se cumplió con el objeto y en qué consistió. El salpicadero al mancerismo es inevitable.
