Parte del comunicado de prensa del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), lo relata de la siguiente manera: “El día 3 de marzo del 2023, cuatro ciudadanos de los Estados Unidos cruzaron Matamoros, Tamaulipas en una minivan blanca con placas de Carolina del Norte. Poco después de cruzar a México, hombres armados no identificados dispararon a los pasajeros del vehículo. Los hombres armados introdujeron a los cuatro ciudadanos estadounidenses a otro vehículo y huyeron de la escena con ellos”.
Las reacciones no se hicieron esperar, pues ante la velocidad con la que el gobierno mexicano actuó y logró dar con los ciudadanos estadounidenses, generó sorpresa al contrastarlo con las más de 100 mil personas desaparecidas en el país y la innumerable cantidad de crímenes impunes. Delia Quiroa, la activista en búsqueda de su hermano desaparecido desde hace casi 10 años escribió en la red social Twitter “Ojalá con esa misma fuerza y debida diligencia de nuestro gobierno se buscara a nuestras y nuestros desaparecidos en México”.
En Estados Unidos, dentro de un ambiente político tenso y donde la seguridad fronteriza ha sido un tema espinoso en la agenda de la administración actual, el incidente fue aprovechado por el sector republicano del Congreso para asegurar que el presidente Biden “no ha hecho lo suficiente”. Asimismo, también se cuestionó desde ese territorio al presidente mexicano, lanzando fuertes cuestionamientos como “¿Por qué protege a los cárteles?” y proponiendo osadas iniciativas de ley que supondrían presencia militar estadounidense en México.
¿Cuál fue la respuesta oficial?, por parte de López Obrador, en principio: elogiar el actuar del gobierno mexicano, “se actuó bien”, fueron las palabras del mandatario respecto a la conclusión del caso, puntualizando también que no se permitirá la intervención extranjera en asuntos de seguridad nacional.
“…trágico recordatorio que nos exige reafirmar el compromiso de nuestros gobiernos para asegurar nuestra frontera compartida y fortalecer el combate a las organizaciones criminales trasnacionales”, declaró el Embajador Ken Salazar, y aunque la posibilidad de designar a los cárteles mexicanos como terroristas por parte del Ejecutivo estadounidense se ve lejana, lo que se ve muy de cerca es una crisis en la relación bilateral un año antes de elecciones en ambos territorios, lo que no presagia que se calmen los ánimos y, por el contrario, se exalten los nacionalismos.
Ante la falta de una estrategia clara y contundente frente a la oleada de violencia, parece que el gobierno mexicano pierde por partida doble, por un lado, se le ve incapaz de contrarrestar el poder tomado por el crimen organizado, poniendo en juego la seguridad de sus ciudadanos. Por el otro, en la relación bilateral, las cifras de más de 70 mil muertos estadounidenses a causa del consumo de fentanilo y una carta por parte de un grupo criminal lamentando los hechos, inquietan a Washington y dejan al desnudo los vacíos de poder que no han sido capaces de retomar con autoridad y esfuerzos claros. Como no ha sido sorpresa durante esta administración, la lectura del escenario internacional ha dejado mucho que desear, pues parece que ya es muy tarde para atender una nueva crisis en la relación con Estados Unidos ocasionada por este nuevo veneno.
POR AZUL ETCHEVERRY
