Las evoluciones políticas y económicas de las últimas décadas han proscrito al sindicalismo y su instrumento de lucha más preciado, el derecho de huelga, inclusive en estos tiempos en que el discurso oficial presume de izquierda y transformación.
Claro está que la corrupción de veteranos dirigentes gremiales, mimetizables y acomodaticios desde los primeros visos de alternancia política, tienen gran responsabilidad en la ausencia de prestigio del movimiento obrero, así como en la desmovilización en el mundo del trabajo frente a los atropellos.
Acaso la gran paradoja de la materia laboral se ubique entre la agenda de reformas impulsadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el descuido de su gobierno por las condiciones básicas de los trabajadores de distintos gremios.
Es imposible regatear que la agenda referida incluye un paso histórico en la democracia sindical (ciertamente presionada por el TMEC, pero democracia a fin de cuentas); un nuevo sistema de justicia; la eliminación del outsourcing; el incremento histórico del salario mínimo, así como la discusión --polémica y todo-- por la ampliación de períodos vacacionales y la reducción de la jornada laboral que por estos días escandaliza al sector privado.
Pero también hay imputaciones graves a la conducción perniciosa del gobierno en distintos sectores de los dos apartados del 123 constitucional. Para empezar con el B, el caso de Notimex es el embrollo más grande de la actual administración en lo que concierne a trabajo.
En medio de pleitos facciosos de dimensión transgeneracional en la cúpula lopezobradorista, desde la autoridad laboral nada se pudo hacer para destrabar un conflicto alimentado con todos los vicios patronales: creación de un sindicato blanco; acoso generador de mobbing; pesquisas sobre los inconformes o no alineados; acumulación de demandas por despido injustificado y una gestión, la de Sanjuana Martínez, expuesta por prácticas a todas luces deleznables.
La solución presidencial, a tres años de la huelga, es declarar el fin de las relaciones laborales por extinción de la fuente de empleo. Exactamente lo mismo que hizo Germán Larrea a los trabajadores de Cananea en 2010.
Sin ir a la huelga hasta ahora, aunque su contrato colectivo vence este domingo 30, los trabajadores de la Sección 288, así como los de la Sección 147, están al borde del estallido social en Monclova. Altos Hornos de México, el gigante acerero, se ha visto sometido a las presiones del gobierno para que Alonso Ancira venda sus acciones bajo la afirmación de que es corrupto.
El asunto en sí mismo, con todo y el historial de Ancira, es de suyo escandaloso por la intromisión gubernamental en una empresa del sector privado que, en un contexto de inestabilidad, malas condiciones financieras desde la pandemia y un período de subidas y bajadas en los precios internacionales del acero, llevaron al corporativo a una crisis tal que no pudo ni pagar la luz y paró producción.
El manchón de oscuridad que por semanas luce la nocturna panorámica monclovense, refleja a su vez lo sombrío para 17 mil trabajadores directos y unos 70 mil indirectos, que hasta el jueves 28 padecieron retrasos en el pago de salarios y prestaciones, mujeres sin pensión alimentaria y una profunda crisis en la economía regional que se ha prolongado por varias semanas.
El presidente López Obrador está cerrado a cualquier apoyo, así sea crédito con la CFE, mientras Alonso Ancira sea accionista. En tanto, el manoseo de los grupos sindicales tienen en pugna a Napoleón Gómez Urrutia, Pedro Haces (el corporativismo 4T), el cetemista Tereso Medina y al zacatecano Carlos Pavón (el corporativismo priísta).
Un caso más se registra en la Ciudad de México y, aunque tiene relación con el gobierno federal el caso es del apartado A. La Unión Nacional de Trabajadores y Empleados de Limpieza está convocando a los trabajadores que prestan servicios en las oficinas de la SEP a realizar un paro laboral.
La causa que los moviliza es que la empresa Semlyn, que detenta el contrato para este servicio durante todo 2023, se disculpó con los trabajadores por anticipado ya que no podrá cubrir los salarios correspondientes a la quincena que vence este domingo 30.
De acuerdo a la empresa, no cuenta con fondos debido a que la dependencia que dirige Leticia Ramírez ha detenido los pagos por el servicio desde enero pasado y, si bien la empresa logró cubrir cuatro meses, ahora es insolvente a consecuencia de la austeridad republicana.
POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
