Si Francisco Garduño se hubiera llamado Eleuterio Pérez y hubiera sido director del Servicio Nacional de Inmigración en el régimen de Felipe Calderón, el entonces dirigente opositor Andrés Manuel López Obrador habría estallado en indignación, luego del brutal incidente del 27 de marzo en Ciudad Juárez.
La muerte de 40 migrantes en un incendio mientras estaban encerrados en un centro de detención fue un hecho criminal, una violación de derechos humanos. Pero si fue deliberado o no, realmente no importa: ocurrió y en circunstancias del hecho horripilantes por sí mismas.
El tema no hubiera sido que el mítico Eleuterio hubiese ordenado que las puertas del centro quedaran cerradas con llave, que no fue así; o que hubiera decidido que los celadores huyeran del incendio sin abrir las rejas, que tampoco fue así.
Pero el incendio ocurrió y hubo 40 migrantes muertos en circunstancias brutales, en lo que es la mayor violación posible de los derechos humanos de una persona, y enmedio de una crisis migratoria en la que quienes huyen de sus países dicen enfrentar extorsiones, violaciones, abusos, de bandas criminales, pero también de agentes de autoridades locales, estatales y federales a su paso por territorio mexicano.
Es improbable que esos abusos sean ordenados por el Presidente de la República, o los miembros de su gabinete. Pero los existen, han existido y han sido denunciados y documentados por décadas, como parte del accionar de coyotes y grupos criminales organizados para el tráfico de personas. Y las críticas a Organismos No-Gubernamentales no los van a desaparecer. Calderón no ordenó la masacre de San Fernando, en agosto de 2010, como López Obrador tampoco determinó el incendio de Ciudad Juárez, en marzo de 2023.
Pero sus gobiernos fueron/son responsables por ellos. Si no por otra cosa, por estar a cargo de políticas y organismos que por omisión o incapacidad permitieron que el cártel de los Zetas se empoderase y traficara con migrantes indocumentados, o que el caso hubiera sido cerrado sin una conclusión satisfactoria.
López Obrador tampoco ordenó la cadena de abusos que hace años rodea el paso de centroamericanos frecuentemente indocumentados a través de México, o del surgimiento de migrantes de otras nacionalidades que llegan a la frontera mexicana con EU con la esperanza de ser recibidos, lograr asilo o entrar de cualquier manera a ese país. Pero así como el régimen de Calderón es el responsable último de San Fernando, el de López Obrador lo es de Ciudad Juárez.
La mayor diferencia puede estar en la forma en que se enfrente el problema: la realidad es que los derechos humanos de los migrantes se violan en este país. Y sin duda en otros por donde pasan o a dónde quieren llegar las corrientes migratorias legales o ilegales.
Pero el problema de México está en México, y los abusos o las omisiones no afectan sólo a los inmigrantes.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS
