Desde 2006, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró el 17 de mayo como el día mundial del Internet. Esto supondría una celebración, pero la realidad lamentablemente es otra.
En 2023, de acuerdo con un estudio de la empresa Cisco, tan sólo 64 por ciento de la población mexicana estará conectada a Internet. Por ende, existen dos realidades en el México digital: los conectados y los desconectados.
Por otra parte, es cierto que en los últimos años el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) y el big data han sido cruciales para el procesamiento y almacenamiento de datos, a la par de los algoritmos de aprendizaje automático (machine learning/Deep Learning) y la computación en la nube (cloud computing) al generar grandes logros en el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, los avances que estas herramientas nos proveen se ven ampliamente amenazados, al no existir un marco normativo genérico que incluya tanto la protección de las libertades, como los derechos y los datos involucrados en el uso del ciberespacio.
En la actualidad, sólo existen tres tipos de modelos normativos en la red: 1) La autorregulación, que significa que las reglas de uso las determinan las plataformas como Facebook, Google, Twitter, mediante los click wrap agreements o contratos de adhesión, a los cuales nos sujetamos si deseamos utilizarlas; 2) El modelo mixto, que es el sistema implementado en Europa, a través de un órgano regulador y las leyes de la materia. Por ejemplo, la Ley de Servicios Digitales para un Entorno Online Seguro y Responsable, de 2020 y el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, de 2018, y; 3) El Free Speech, un modelo sin reglas del juego que solo en caso de violación a los derechos se resolvería por la vía judicial.
En este sentido, los grandes retos a los que se enfrenta el Internet a otro año de su conmemoración son la accesibilidad para reducir la brecha digital en su uso, el apostar por la educación y la formación digital, pero, sobre todo, la regulación de estas nuevas tecnologías a la luz de principios y estándares internacionales que eviten el problema de la extraterritorialidad, es decir, qué ley aplicar en caso de una controversia en la red. A su vez, paralelamente a la legislación de la materia, es necesaria la creación de códigos de ética en el ámbito del derecho a la información digital.
Además, se deben propiciar mecanismos de fiscalización para el respeto de los derechos en la red, pero no así para la regulación de los contenidos, pues se estaría violentando a la libertad de expresión y opinión.
De igual forma, los intermediarios deben crear requisitos para recabar información personal de los usuarios a fin de minimizar los riesgos en el tratamiento de los datos personales y el derecho a la privacidad.
Considero que un modelo mixto de regulación podría ser la solución para la salvaguarda de los derechos, pero sin olvidar que los medios digitales no pueden ser sometidos al arbitrio del Estado.
POR HILDA NUCCI
