Cuando México firmó el T-MEC, aceptó luchar contra el trabajo forzoso dentro de su territorio y también rechazó importar mercancías hechas con trabajo forzoso o infantil. El Artículo 23.1 del T-MEC recoge la afirmación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el sentido de eliminar “todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio” y “la abolición efectiva del trabajo infantil…”.
El Artículo 23.6 del T-MEC asume compromisos referentes al trabajo forzoso u obligatorio al establecer que “Las Partes reconocen el objetivo de eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo infantil forzoso u obligatorio. Por consiguiente, cada Parte prohibirá, a través de medidas que considere apropiadas, la importación a su territorio de mercancías procedentes de otras fuentes producidas en su totalidad o en parte por trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo infantil forzoso u obligatorio”.
Es de destacarse en el caso del trabajo forzoso u obligatorio que el compromiso asumido por las Partes a través del T-MEC se refiere tanto al interior de cada uno de los países firmantes y sus prácticas productivas, así como lo referente a la importación de mercancías desde el exterior producidas en parte o en su totalidad con trabajo forzoso u obligatorio, el infantil incluido.
En mayo del 2023 las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y Economía publicaron un amplio instructivo, que consta de 23 páginas, denominado Guía para la instrumentación del mecanismo para restringir la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso u obligatorio. Tal y como lo indica su título, el documento oficial se refiere exclusivamente a la “importación de mercancías producidas con trabajo forzoso u obligatorio”.
En su parte medular el documento señala que “el Gobierno de México refrenda su compromiso con la erradicación del trabajo forzoso u obligatorio en las cadenas globales de suministro y con el combate a las prácticas de competencia desleal que afectan a las empresas mexicanas y las dinámicas productivas de la región de América del Norte, y coloca a nuestro país a la vanguardia de naciones que han adoptado un nuevo paradigma en el comercio exterior, basado en derechos humanos y en el respeto a la dignidad de las personas, especialmente entre los sectores históricamente desfavorecidos”.
En el párrafo siguiente del documento se establece que con este procedimiento México da cumplimiento a la obligación establecida en el Artículo 23.6 del T-MEC en materia de trabajo forzoso u obligatorio, incluyendo el trabajo infantil.
Este último señalamiento sobre el cumplimiento con el T-MEC es relevante para destacar que fue Estados Unidos quien insistió en incluir estos artículos sobre trabajo forzoso en el acuerdo, y que también incluye la supervisión internacional sobre la libertad sindical en nuestro país. México acata una disposición que no propuso ni en realidad quería que se incluyera en el acuerdo. Pero hoy, en el contexto de los litigios de Estados Unidos y Canadá contra México sobre los sectores energético, del maíz, medicamentos y la minería, entre otros, el gobierno de López Obrador optó por tratar de apaciguar los enojos crecientes del norte.
Este documento presumiblemente sugerido por la Secretaría de Economía, en tanto responsable directo de las negociaciones con Estados Unidos sobre el T-MEC, pretende apaciguar algunas de las fricciones que México enfrenta con sus socios del norte. El eje principal del documento es condenar el trabajo forzoso u obligatorio, también infantil, en otros países, mientras pretende desviar la atención de la situación interna en México.
Por lo pronto, INEGI ha registrado en el 2022 que 3,3 millones de niñas y niños trabajan en México. La OIT ha estimado que 379,000 adultos realizan trabajo forzoso en México, principalmente en el sector agrícola y en la maquila. Dicha cifra es la más alta para toda América Latina. Estos datos excluyen fenómenos tan nuevos como el arribo de cientos de miles de migrantes extranjeros desesperados por encontrar cualquier forma de sobrevivencia, dada su condición de migrantes pasajeros, buscando cruzar la frontera con Estados Unidos.
La organización estadounidense Polaris realizó un Diagnóstico de la trata laboral en México que arrojó un saldo devastador sobre lo que denomina “trata laboral”, como equivalente al trabajo forzoso. Es un estudio post pandemia donde señala que quienes sufren mayormente de este problema son mujeres, migrantes, indígenas y menores de edad. Algunos factores que facilitan esta situación en el país son los niveles elevados de marginación e informalidad, la migración temporal y la dependencia de mano de obra barata, aunado a la corrupción de autoridades, la impunidad la delincuencia organizada y el endurecimiento de los controles fronterizos.
Es decir, existe un andamiaje institucional y gubernamental que avala, sostiene y fortalece la existencia del trabajo forzoso u obligatorio, incluso infantil, en México. Y esto no lo toca ni remotamente el documento entregado orgullosamente por las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y Comercio a los confiados socios del T-MEC.
Existe un agravante adicional que pone en cuestión la veracidad de los compromisos del gobierno de López Obrador. México ha recurrido a la contratación de un número desconocido de médicos cubanos para suplir las supuestas carencias de personal en el sistema de atención médica en México. Fueron contratados primero durante la pandemia de Covid 19, principalmente en la Ciudad de México, y posteriormente un grupo mucho mayor, aparentemente repartido por todo el país. Sobre el número de médicos y bajo qué condiciones fueron contratados no existe información oficial.
Las misiones médicas cubanas han sido denunciadas por la Organización de las Naciones Unidas como “trabajo forzoso”. Relatores de la ONU documentan que “muchos médicos cubanos que trabajan en el exterior estarían expuestos a condiciones de trabajo y de vida explotadoras, pagos salariales inadecuados…sometidos a presiones y seguimiento por parte de policías cubanos en el exterior”. Son obligados a horarios de hasta 64 horas a la semana, el gobierno cubano les expropia entre el 75% y el 90% de su salario, viven bajo la vigilancia de autoridades cubanas mientras viven en el extranjero, se les quita sus pasaportes, documentos profesionales (como títulos médicos) y cualquier otra forma de identidad para convertirles en “no-personas”. Y si logran escapar de la vigilancia de sus autoridades o captores, se les retira la nacionalidad durante 8 años, mientras sus familias en la isla sufren persecución, la expulsión de centros educativos, la amenaza de cárcel y despidos laborales.
A mayor abundamiento, México propuso una candidatura para encabezar la Organización Panamericana de Salud cuya presencia habría significado la legitimación de las misiones médicas cubanas en América Latina y el Caribe. Sabiendo esto, la región rechazó su candidatura contundentemente. El fracaso fue una consecuencia directa de la política pública mexicana de promover las misiones médicas cubanas, a pesar del dictamen de la ONU sobre su evidente carácter de “trabajo forzoso”.
Existe una contradicción flagrante entre el documento presentado a los socios del T-MEC sobre la prohibición a la importación de mercancías producidas por trabajo forzoso y la conducta del gobierno mexicano donde no sólo no ataca el fenómeno sino, como lo
demuestra el caso de los médicos cubanos, financia con presupuesto público esa forma de esclavitud moderna. Y proyecta a México como una nación incapaz de aceptar y resolver con transparencia y congruencia sus contradictorias conductas políticas internas y externas.
POR RICARDO PASCOE
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