La semana pasada circuló un video por redes sociales donde un maestro de Nayarit denunció que sus estudiantes, que antes recibían alimentación del programa Escuelas de Tiempo Completo, solamente desayunaban tortillas con sal o chile. El tema no solo indigna por la gravedad del agravio a los niños sino porque además las autoridades han ignorado el llamado y se niegan a revertir su decisión.
Algo dentro de la SEP no está funcionando bien. Sus titulares parecen estar más interesados en posicionar los programas y el discurso presidencial que en utilizar el gasto para compensar inequidades sociales. Una de las más injustas y con mayor impacto para futuro de las niñas, niños y jóvenes (NNJ) es la alimentación.
El Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) no sólo contemplaba un modelo pedagógico acorde a las necesidades de cada escuela, sino que ofrecía alimentación para niñas, niños y jóvenes (NNJ). De acuerdo a las evaluaciones realizadas en las escuelas que contaban con este beneficio el 65% de los NNJ reportó que la comida en la escuela era la primera del día (INSP, 2019). La supresión del programa tiene un impacto que ni siquiera ha sido evaluado.
En 2020 la administración federal impuso cambios sin un diagnóstico sólido ni alternativas para estas escuelas, solo discursos que prometían la continuidad de las escuelas sin que sucediera en la realidad.
A partir de una propuesta que surgió del partido gobernante en la Cámara de Diputados se decidió incluir, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2023, el mandato de que hasta el 21% de los recursos del programa La Escuela es Nuestra deberían destinarse para el componente de “Horario Extendido”, que en las escuelas ubicadas en las zonas de muy alta marginación incluía el servicio de alimentación.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) tergiversó el mandato para establecer, en las Reglas de Operación del programa, que el 21% aplicaría, pero para el monto que se otorgaba a cada escuela y que ese 21 por ciento lo recibirían todas las escuelas, no sólo las 27 mil que eran de tiempo completo. Esta decisión hace inviable la continuación de los beneficios en escuela alguna.
Pero el problema no es solo ese. Se supone que el programa La Escuela es Nuestra (LEEN), programa que retoma los beneficios del PETC, está destinado a las zonas de alta marginación del país y por eso resulta incomprensible que la escuela de Nayarit haya quedado fuera del programa si es el caso.
Y si recibieron los recursos, se supone que los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), integradas por los propios padres de familia de la comunidad, debieron considerar el restablecimiento del comedor escolar. O no recibieron información sobre esa posibilidad o las prioridades no se definen en las escuelas como tanto pregona la autoridad.
De qué sirve que a través del programa LEEN se canalicen cuantiosos recursos a las escuelas, 12,590 mdp en 2022 y 27,052 mdp para este año, si esto no sirve para asegurar el futuro de los NNJ.
La retórica populista, que usa términos como “pueblo” o “mayorías”, en realidad oculta los impactos negativos sobre las personas a las que no llegan los programas.
Lo hemos dicho desde hace varios años y lo seguiremos exigiendo: la SEP debe reestablecer el servicio de alimentación para los 28 niños de la comunidad de El Nayal y para 1.6 millones de niñas y niños que recibían alimentación, y regresar a las escuelas de tiempo completo que beneficiaba a 3.6 millones de niñas y niños.
Las y los diputados tienen en sus manos obligar a la SEP a corregir el rumbo. No hay calidad educativa sin gasto de calidad. Nuestras niñas, niños y jóvenes lo merecen.
POR FERNANDO RUIZ
Director de investigación en Mexicanos Primero
