La semana pasada tuve la oportunidad de participar en un encuentro en el Congreso del Estado de Hidalgo para platicar con legisladores y público en general respecto de la importancia de la salud mental en el desarrollo de nuestras vidas y sobre todo, el papel que debe jugar el Estado a través de sus instituciones para tratar condiciones mentales que cada vez se visibilizan más y que pueden medir el impacto que tienen en la sociedad cuando estas no son atendidas.
La depresión, por ejemplo, es una condición mental que afecta a un tercio de la población de forma permanente y, se estima, que, más del 60 por ciento de las personas habremos un vivido un episodio de depresión clínica en nuestra vida. Las investigaciones señalan que es una causa de discapacidad primaria en las mujeres y dentro de las más importantes en los hombres. En ese sentido, ya habríamos de considerar a la depresión como un problema de salud pública equiparable a cualquier pandemia que ha puesto de cabeza a los servicios de salud.
La depresión por sí misa ya es peligrosa, pero si aceptamos que impacta en la toma de decisiones para el futuro es aún más grave, ya que esta condición es la causa de casi todos los suicidios que se registran en el mundo. En el planeta, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año pierde la vida un millón de personas por esa razón, ello sin contar que por cada suicidio consumado, hay 20 intentos que no tienen ese desenlace fatal.
En México, los suicidios han ido al alza, de tal manera que, después de la pandemia se incrementaron de forma dramática llegando a casi los 8 mil quinientos suicidios en 2021, convirtiéndose en una de las causas de muerte más relevantes en cuanto al número de víctimas. Además, de un análisis de organizaciones regionales de la salud, se considera que este tipo de actos se irán incrementando en la medida que las condiciones sociales que dejó la pandemia prevalezcan.
Dentro de todo el oscuro panorama de esta situación, existe una visibilización social mayor a este tipo de condiciones que se relacionan con la salud mental, lo que obliga a generar políticas públicas de peso que reviertan de inmediato este panorama que arrebata vidas de forma silenciosa si no detectamos las alertas en un momento oportuno.
Esa fue la razón por la cual en el Congreso de la Unión aprobamos una serie de reformas en materia de Salud Mental, teniendo el privilegio que una de esas iniciativas fue presentada por mi ante el Senado de la República. La intención de esa reforma a la Ley General de Salud va en varios sentidos que redunden en un cuidado no sólo correctivo, sino además preventivo en casos de condiciones mentales que van mermando no sólo el ánimo sino la salud completa de las personas.
Pedimos que exista la infraestructura y capacitación de personal para atender condiciones de salud mental que afectan silenciosamente a las personas y que, incluso ni ellas, saben que padecen una condición mental que les puede generar un gran problema para el desempeño de sus vidas o, incluso, la prevalencia de las mismas.
Además señalamos en la ley que todos los hospitales de atención primaria tengan personal especializado en tratar estas condiciones para que se les diagnostique desde el primer momento y se les acompañe en su tratamiento para generar condiciones de vida más adecuadas. Ello adicional a campañas de información de las personas para evitar suicidios, establecer líneas de ayuda y que sepan que está dentro del servicio de salud.
El paso ya se dio a nivel federal, ahora es necesario que, en el entendido que la salud es una facultad local, es importante que todas las legislaturas armonice sus leyes para que se implementen políticas públicas para atender la salud mental.
Es urgente que tomemos la salud mental como un problema de salud pública con los mismos efectos de la pandemia por COVID, no sólo por sus alcances numéricos sino por la gravedad de sus efectos y la posibilidad de que sigan arrebatando vidas de personas que pudieran salvarse con una atención preventiva adecuada.
POR NUVIA MAYORGA DELGADO
