No es raro encontrarse a la semana con al menos una nota periodística que mencione un linchamiento o un intento de este en algún estado del país. En México, el linchamiento sigue teniendo una fuerte presencia. Incluso en la misma capital, hay casos de esta violencia. El acto de linchar a alguien puede decir mucho sobre una sociedad y sus gobernantes, vislumbra cómo es la relación entre ambas partes.
En el caso de México, el linchamiento tiene un carácter cuantitativo, donde la comunidad no ve relevancia en el delito, sino en el hecho de que se está cometiendo. No es el individuo, es la acumulación de crímenes. Tales actos de violencia colectiva son producto de una frustración social sobre la seguridad en la zona. No importa si la agresión es robo, violación o secuestro, para las personas que participan en los linchamientos, todos estos elementos son parte de una dificultad mayor que es la inseguridad. Esto resulta problemático si se toma en cuenta que varias de las víctimas son linchadas bajo sospecha y en varios casos ni siquiera cometieron el crimen del que se les acusaba. El rumor se convierte fácilmente en una verdad. La población está tan harta de la inseguridad que cualquier indicio de esta puede desencadenar una reacción violenta.
Los linchados se vuelven víctimas del hartazgo social y de la carencia de las autoridades para solucionar el problema. Las personas le confieren legitimidad al linchamiento, no obstante la presencia de un supuesto marco normativo. Cuando se habla de una legitimación que es conferida por los pobladores a tales actos de violencia colectiva, no debe entenderse desde una visión legal. La comunidad ve esto con una perspectiva moral.
Hay una sociedad consciente de que sus actos están fuera de los marcos jurídicos del Estado. Saben que el linchamiento está sancionado por la ley, sin embargo, eso no los detiene. No se rigen por la justicia que establece el gobierno, sino por lo que consideran es la manera de garantizarla. Desde su perspectiva el acto no es malo, pero a la vez saben que no es algo permitido por el gobierno. Su solución es inhabilitar la actuación de las autoridades, quienes, desde la visión de los pobladores, tienen otra manera de realizar la justicia, considerada ineficiente por la comunidad.
Los linchamientos son, en última instancia, un síntoma alarmante de la insatisfacción y el descontento popular hacia las autoridades y su capacidad para manejar la inseguridad. Este fenómeno refleja tanto la urgencia por atajar la problemática de la criminalidad, como también la necesidad de restablecer la confianza en las instituciones que deberían asegurar el orden y el respeto a las leyes.
POR IGNACIO ANAYA
