Los resultados que arrojó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares suscitaron un interesante debate público. El aumento del ingreso en los deciles más pobres y la reducción de la desigualdad son algunos datos alentadores. Otros, como la falta de cobertura de la política social en las poblaciones más marginadas o el enorme déficit que tenemos como país en el acceso a la salud, convocan a redoblar esfuerzos.
La reconstrucción de un sistema de salud dignó será, sin duda, uno de los grandes pendientes de la cuarta transformación. La decisión de hacer del nuevo IMSS-Bienestar el ariete de un nuevo modelo de salud de acceso universal, es decir, ya no condicionado por la adscripción a un empleo formal, es todavía una promesa que el próximo gobierno deberá concretar.
No será fácil. Apenas 22 estados han firmado el convenio que federaliza el sistema de salud y sólo en 14 se encuentra en marcha. Esto ha significado que los estados le hayan transferido al gobierno federal 6 mil 307 centros de salud, 294 hospitales y 21 unidades de especialidades médicas.
La reingeniería que implica el nuevo modelo de salud implica una verdadera revolución burocrática pues su complejidad atraviesa temas presupuestales, de inversión en infraestructura y equipo, una necesaria reforma administrativa, formación de profesionales de la salud y una revisión la política laboral en las instituciones públicas de salud. Un nudo gordiano que no será fácil de desatar pero que resulta fundamental en el tránsito a una sociedad de bienestar.
Mucho se ha hablado de la relación de la clase media con el proyecto de la llamada “Cuarta Transformación”. Un punto central de este vínculo pasa por la capacidad del Estado de ofrecer servicios públicos de calidad. En el modelo neoliberal, estos servicios fueron relegados a servir sólo de red de contención para aquellos sectores de la población que no pueden pagarlos en el marcado; es decir, como una opción de descarte. Este es el caso del acceso a la salud, pero también a la educación.
La clase media interiorizó esta situación y en su imaginario los servicios públicos son un lugar que hay que evitar. ¿Qué porcentaje del ingreso de este sector se va a pagar colegiatura y seguro médico? El estigma no está del todo falto de fundamento: la política deliberada de precarización de los servicios públicos estuvo por lo menos cuatro décadas en marcha.
El derecho a la salud (como otros tantos derechos sociales) cumple una importante función de integración social. El carácter universal de los servicios públicos del Estado colabora a la existencia a un punto de convergencia que permite una experiencia común de la vida en sociedad. Construir esos espacios de convergencia debe ser una política de Estado que tenga continuidad durante los próximos años.
POR ADRIÁN VELÁZQUEZ RAMÍREZ
COLABORADOR
